Homologación
Soy un profesor de Educación de Adultos, miembro del Comité de Empresa de Personal Laboral de Educación de Granada y componente de la Coordinadora de Adultos de Andalucía.
El profesorado de Educación de Adultos venimos realizando un trabajo impagable a favor de colectivos con grandes carencias educativas: adultos que no fueron a la escuela en su niñez y jóvenes que no han finalizado su formación básica en Educación Secundaria, y más recientemente venimos atendiendo a la población emigrante y a colectivos en situación de exclusión social.
La Educación de Adultos está en crisis, no...
Soy un profesor de Educación de Adultos, miembro del Comité de Empresa de Personal Laboral de Educación de Granada y componente de la Coordinadora de Adultos de Andalucía.
El profesorado de Educación de Adultos venimos realizando un trabajo impagable a favor de colectivos con grandes carencias educativas: adultos que no fueron a la escuela en su niñez y jóvenes que no han finalizado su formación básica en Educación Secundaria, y más recientemente venimos atendiendo a la población emigrante y a colectivos en situación de exclusión social.
La Educación de Adultos está en crisis, no sólo en su estructura organizativa, administrativa y pedagógica, sino también en las expectativas profesionales de unos profesores que lo han dado todo y que piden cambios significativos para ir adaptando esta modalidad educativa a las nuevas realidades y exigencias de una sociedad en permanente cambio. Urge una red de centros, un reglamento de organización y funcionamiento, una oferta educativa amplia y diversificada, que atienda y evalúe a los alumnos de Secundaria, un concurso de traslados, sin exclusión de ningún colectivo.
También exige una respuesta rápida, la homologación económica del personal laboral docente, porque rompe el principio básico constitucional de igual trabajo, igual salario, a pesar de que realizan las mismas funciones que los funcionarios, sus retribuciones son inferiores en 1.540 euros al año, aunque existe un acuerdo de 1991 entre administración y sindicatos para que estos profesores ganen igual que los funcionarios docentes. Así lo recomendaba en 1999 a través de un complemento personal y absorbible el Defensor del Pueblo Andaluz, informes de eminentes juristas, algunas sentencias judiciales, todos los sindicatos, juntas de personal docente.