El Tribunal de Cuentas constata falta de control del GIL en Estepona
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Estepona en el período 1995-99, gobernado por Jesús Gil Marín (del GIL), constata "falta de control y rigor", así como ausencia de documentos e irregularidades y deficiencias en ingresos y gastos y en las sociedades municipales. Por lo que respecta a los gastos, constata la falta de justificación contable suficiente por 1,2 millones de euros. Así lo puso de manifiesto el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, al presentar este informe en la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, cele...
El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Estepona en el período 1995-99, gobernado por Jesús Gil Marín (del GIL), constata "falta de control y rigor", así como ausencia de documentos e irregularidades y deficiencias en ingresos y gastos y en las sociedades municipales. Por lo que respecta a los gastos, constata la falta de justificación contable suficiente por 1,2 millones de euros. Así lo puso de manifiesto el presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto, al presentar este informe en la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada ayer en el Congreso.
Según el documento, las cuentas de los ejercicios 1995 y 1996 se aprobaron fuera de plazo y las de los tres ejercicios siguientes, el pleno del Ayuntamiento resolvió no aprobarlas, por irregularidades en las mismas.
En cuanto a la gestión de los ingresos, se observan deficiencias e irregularidades, como el cobro de padrones de tributos y tasas no aprobados previamente o la compensación de derechos tributarios con deudas ante terceros con los que se formalizaron convenios.
Precisa que el Ayuntamiento suscribió convenios con terceros para cancelar deudas por la entrega de inmuebles o aprovechamientos urbanísticos y otros en los que los particulares renunciaron a la diferencia de precio a su favor por permutas con la Corporación. "Algunas enajenaciones pactadas en convenio", añade el informe, "se justificaron para finalidades improcedentes, tales como cubrir necesidades de tesorería, obtener recursos ordinarios o cancelar deudas".
Destaca que el remanente de tesorería fue negativo en todos los ejercicios fiscalizados y las medidas correctoras del déficit fueron "insuficientes". Precisa que el recurso al endeudamiento fue constante y progresivo. Según el Tribunal, el Ayuntamiento canceló préstamos con bienes patrimoniales que entregó a terceras personas que, previamente, habían comprado los créditos a las entidades bancarias.