La Diputación de Barcelona extiende su plan de acogida de inmigrantes

El ayuntamiento como punto de recepción de los inmigrantes y responsable de su acompañamiento hasta la escuela, el ambulatorio o en la búsqueda de vivienda. Este es el concepto del plan de integración que la Diputación de Barcelona ha probado con éxito en siete municipios y que ahora extenderá a más poblaciones con la inversión de dos millones de euros en 2005. El objetivo es que los inmigrantes se sientan acompañados al llegar sin que ello suponga crear nuevas infraestructuras.

Los Planes de Recepción y Acogida Municipales (PRAM) han comenzado a aplicarse este año en Berga, Manlleu, Mo...

El ayuntamiento como punto de recepción de los inmigrantes y responsable de su acompañamiento hasta la escuela, el ambulatorio o en la búsqueda de vivienda. Este es el concepto del plan de integración que la Diputación de Barcelona ha probado con éxito en siete municipios y que ahora extenderá a más poblaciones con la inversión de dos millones de euros en 2005. El objetivo es que los inmigrantes se sientan acompañados al llegar sin que ello suponga crear nuevas infraestructuras.

Los Planes de Recepción y Acogida Municipales (PRAM) han comenzado a aplicarse este año en Berga, Manlleu, Moià, El Prat de Llobregat, Santa Margarida i els Monjos, Súria y Tona, poblaciones que en muchos casos tienen más del 15% de población inmigrada. El objetivo del programa de la Diputación es dar apoyo técnico a los municipios en el diseño de sus dispositivos de recepción y acogida de inmigrantes y ayudarles a redactar un plan de inmigración que se adapte a sus propias necesidades.

La presidenta del área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación, Imma Moraleda, resaltó ayer la importancia de que los ayuntamientos puedan acoger correctamente a los recién llegados: "Los principales impactos del fenómeno migratorio se producen en el mundo local, por lo que los municipios son el nivel óptimo para asegurar que las personas inmigrantes se puedan asentar con normalidad".

Una de las condiciones básicas de este plan es que los ayuntamientos mejoren la asistencia a los inmigrantes sin que ello suponga reducir los servicios prestados a los autóctonos. Otra condición es no crear dispositivos de ayuda y acompañamiento separados para inmigrantes y autóctonos, sino reforzar los servicios ya existentes para dar respuesta al incremento de la demanda. Sus impulsores sostienen que esto acaba revirtiendo positivamente en el conjunto de la población y no sólo en los recién llegados.

Una de las partes del programa que más interesa a los ayuntamientos es la que les asesora en el momento de reforzar su servicio de atención ciudadana, sea con la contratación de una persona experta en la recepción de inmigrantes o con el refuerzo del servicio en general.

Moraleda destacó que es importante ampliar este programa, sobre todo tras constatar que el número de extranjeros en la provincia de Barcelona se ha multiplicado por ocho en la última década al pasar de 49.623 en 1991 a 398.459 en el año 2003. En el conjunto de Cataluña, los inmigrantes empadronados el primero de enero de 2004 sumaban 543.008.

Por otra parte, la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, aseguró ayer en Barcelona que las subdelegaciones del Gobierno contarán con "suficientes recursos" para afrontar el previsible aumento de actividad generado por la regularización extraordinaria de inmigrantes, que comenzará a finales de enero y durará tres meses. Rumí recordó que buena parte del flujo de trabajo lo asumirán los sindicatos, las patronales y las oficinas de la Seguridad Social, pero se comprometió a contratar el personal necesario también en las subdelegaciones provinciales.

Rumí, que asistió a la clausura de unas jornadas sobre inmigración organizadas por la Diputación y la Fundación Cidob, recordó que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería será aprobado el 30 de diciembre con el objetivo de que éste pueda entrar en vigor un mes después.

El Gobierno pretende aprovechar estas semanas para hacer una campaña de información para que los inmigrantes no sean engañados por redes mafiosas que les prometan la tramitación de su permiso de residencia. La regularización extraordinaria sólo afectará a aquellos inmigrantes que puedan acreditar seis meses de estancia en España y una oferta laboral con contrato de un mínimo de seis meses.