Conde-Pumpido crea una fiscalía para la tutela de víctimas de delitos
El fiscal general considera buena la relación con EE UU sobre terrorismo
"Atendiendo de una manera expresa la petición emocionante expresada por Pilar Manjón, como representante de las víctimas" en la comisión de investigación del 11-M, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido nombrar a Pilar Fernández Valcarce, fiscal de sala del Tribunal Supremo, como fiscal "para la tutela y protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal".
Conde-Pumpido anunció ayer por la tarde, ante la Comisión de Justicia del Congreso, que tras la intervención de Manjón ante la comisión de investigación del 11-M ha decidido adelantar una reestru...
"Atendiendo de una manera expresa la petición emocionante expresada por Pilar Manjón, como representante de las víctimas" en la comisión de investigación del 11-M, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido nombrar a Pilar Fernández Valcarce, fiscal de sala del Tribunal Supremo, como fiscal "para la tutela y protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal".
Conde-Pumpido anunció ayer por la tarde, ante la Comisión de Justicia del Congreso, que tras la intervención de Manjón ante la comisión de investigación del 11-M ha decidido adelantar una reestructuración de la fiscalía que tenía prevista para el mes de enero y que hará efectivo el nombramiento la próxima semana.
El fiscal general del Estado aclaró en un par de ocasiones, durante su comparecencia, que "no se trata de una fiscalía especial para las víctimas del terrorismo, sino para las víctimas de cualquier clase de delincuencia".
El nombramiento, según explicó, "atiende al criterio expresado por la decisión marco de la Unión Europea sobre la protección de las víctimas".
Se trata, según aclaró ante los diputados, de "centralizar en la Fiscalía General la coordinación de los problemas que los perjudicados por los hechos delictivos tienen en los tribunales y mejorar en lo posible la respuesta que se dé a estos problemas".
Conde-Pumpido comparecía en el Congreso para informar sobre la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2003, cuando la titularidad de la institución la ostentaba su antecesor, Jesús Cardenal, nombrado por el PP.
Margarita Uria (PNV) destacó el "discurso muy distinto" que había escuchado en esta ocasión y afirmó que los del anterior "parecían hechos por el Ministerio de Justicia".
El propio Conde-Pumpido, al glosar la Memoria, informó a los miembros de la comisión de que recientemente ha cursado a los fiscales una instrucción que deja sin efecto una de su antecesor, del año 2003, sobre el tratamiento que se daba a los menores inmigrantes que llegan a España de forma irregular, a los que se les asimilaba como mayores de edad, "aplicando una especie de presunción de emancipación". Aquella instrucción fue criticada por distintas instituciones, incluido el Defensor del Pueblo.
"Irracionalidad asesina"
Conde-Pumpido se refirió a "esta nueva y salvaje manifestación de irracionalidad asesina que nos llega de la mano del fundamentalismo islámico". Mencionó la comparecencia del fiscal jefe de Asturias ante la comisión de investigación del 11-M y aseguró que ha impartido "instrucciones precisas" para establecer "un régimen de control estricto de los explosivos empleados en la industria minera".
El fiscal general no cree necesario "endurecer" la legislación como respuesta a lo ocurrido, "salvo en aspectos muy concretos como la regulación de los explosivos" y se mostró de acuerdo con que no se hayan restringido libertades, como ha ocurrido en otros países
También informó el fiscal general que está trabajando en la creación de un grupo "conjunto con las autoridades norteamericanas, con especial incidencia en materia de terrorismo", y que el pasado día 1 se celebró una reunión "con representantes del departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI".
Jordi Jané, portavoz de CiU, le preguntó por ese asunto, pero Conde-Pumpido le respondió que no podía decir nada porque "Estados Unidos ha exigido una absoluta reserva, incluso respecto al nombre de los asistentes". El fiscal general se mostró de acuerdo con esa "absoluta reserva".