El tripartito intenta atajar las divergencias sobre la ley electoral y la encarga a Saura, Carretero y Vallès
El Gobierno catalán intenta atajar las divergencias sobre la futura ley electoral catalana entre los partidos que lo componen. Para asegurar que los tres partidos intervengan directamente en la elaboración del proyecto, el Gobierno creó ayer una comisión con los consejeros Joan Saura (Relaciones Institucionales, de Iniciativa Verds), Joan Carretero (Gobernación, de Esquerra Republicana) y Josep Maria Vallès (Justicia, del PSC-Ciutadans pel Canvi) para que elaboren las bases de la futura ley.
El asunto apenas fue debatido en la reunión del Gobierno, explicó su portavoz, Joaquim Nadal. La...
El Gobierno catalán intenta atajar las divergencias sobre la futura ley electoral catalana entre los partidos que lo componen. Para asegurar que los tres partidos intervengan directamente en la elaboración del proyecto, el Gobierno creó ayer una comisión con los consejeros Joan Saura (Relaciones Institucionales, de Iniciativa Verds), Joan Carretero (Gobernación, de Esquerra Republicana) y Josep Maria Vallès (Justicia, del PSC-Ciutadans pel Canvi) para que elaboren las bases de la futura ley.
El asunto apenas fue debatido en la reunión del Gobierno, explicó su portavoz, Joaquim Nadal. La discusión comienza ahora, cuando haya que conciliar en un texto los criterios más proclives a la igualdad del voto, defendidas por Saura y los socialistas, y la exigencia de dar prioridad a la representación territorial planteada por Carretero.
Saura afirmó tras la reunión del Gobierno que la propuesta estará elaborada "en menos de seis meses". Y el conseller en cap, Josep Bargalló, subrayó que, en cualquier caso, el proyecto no podrá estar "por debajo" del Pacto del Tinell firmado hace justamente un año por el PSC, ERC e ICV para formar gobierno en la Generalitat.
Este pacto compromete a los tres partidos a elaborar la ley electoral catalana basándose en los criterios de igualdad del voto, proporcionalidad entre votos y escaños, paridad entre hombres y mujeres y representación territorial.
Bargalló lanzó un mensaje para tranquilizar a CiU, que teme perder las ventajas electorales que le reporta la actual normativa electoral, que a pesar de ser transitoria en teoría, rige las elecciones autonómicas desde 1980 y favorece a los partidos con menos implantación en la provincia de Barcelona. El conseller en cap aseguró que el Gobierno no quiere que la futura ley electoral vaya "contra nadie", no quiere una "confrontación" sobre este asunto y desea que el proyecto pueda ser aprobado por unanimidad.
Los portavoces de los grupos parlamentarios expresaron ayer sus respectivos puntos de vista.Artur Mas anunciaba que CiU emprenderá de inmediato una campaña para explicar a lo largo y ancho de Cataluña que el PSC e ICV quieren "recortar la representación del territorio" en el Parlament. En cambio, el socialista Miquel Iceta afirmó: "Ya es hora de que alguien explique a los 2,5 millones de ciudadanos del área de Barcelona por qué razón su voto vale la mitad de lo que vale el voto en las otras provincias".
El republicano Josep Ridao descartó la proporcionalidad pura porque daría "una homogeneidad que no conviene a Cataluña", defendió un acuerdo con CiU y aseguró que a pesar de las divergencias "habrá un acuerdo".
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