Los Veinticinco animan a los ciudadanos europeos a apoyar su primera Constitución
Los líderes de la Unión firman el Tratado en Roma en plena crisis de la Comisión
Los líderes de los 25 países de la Unión Europea estamparon ayer sus firmas sobre la primera Constitución europea en el palacio del Campidoglio de Roma, el mismo escenario que en 1957 acogió el lanzamiento de la construcción europea. Medio siglo después, los jefes de Estado y de Gobierno de la Europa unificada pusieron en marcha un acuerdo que pretende enterrar los enfrentamientos del pasado. La palabra la tienen ahora los más de 450 millones de ciudadanos de la Unión, que, a través de referendos o de sus Parlamentos nacionales, deben ratificar el nuevo Tratado en un plazo de dos años. Así lo ...
Los líderes de los 25 países de la Unión Europea estamparon ayer sus firmas sobre la primera Constitución europea en el palacio del Campidoglio de Roma, el mismo escenario que en 1957 acogió el lanzamiento de la construcción europea. Medio siglo después, los jefes de Estado y de Gobierno de la Europa unificada pusieron en marcha un acuerdo que pretende enterrar los enfrentamientos del pasado. La palabra la tienen ahora los más de 450 millones de ciudadanos de la Unión, que, a través de referendos o de sus Parlamentos nacionales, deben ratificar el nuevo Tratado en un plazo de dos años. Así lo pidieron ayer los líderes europeos.
El 20 de febrero de 2005, los españoles tendrán la oportunidad y el reto de ser los primeros en avalar con sus votos el texto legal europeo a través de una consulta popular.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer en Roma que España debía situarse "en la vanguardia de la construcción europea" y dar al resto del continente "un claro mensaje de europeísmo" con un sí rotundo en dicho referéndum.
Zapatero anunció un amplio debate sobre la Carta Magna de la UE y su disposición a reformar la Constitución española para adecuarla al nuevo texto si fuera necesario. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen en el que considera obligado que antes de la ratificación del tratado se consulte al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Gobierno es partidario de celebrar el referéndum antes de acudir al alto tribunal.
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