El PSE reclama a Madrazo que aclare la situación de las cámaras de la Propiedad
El PSE ha solicitado en el Parlamento vasco la comparecencia del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, para que explique en qué situación van a quedar las cámaras de la Propiedad Urbana una vez se liquide su patrimonio y pase a formar parte de la Administración. El parlamentario socialista Jesús Loza pide explicaciones a Madrazo sobre el futuro de los servicios de asesoramiento y defensa a los propietarios de bienes inmuebles que ahora ofrecen estas entidades a sus asociados y que, si se cumple el acuerdo del Gobierno para liquidarlas, dejarán de prestar.
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El PSE ha solicitado en el Parlamento vasco la comparecencia del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, para que explique en qué situación van a quedar las cámaras de la Propiedad Urbana una vez se liquide su patrimonio y pase a formar parte de la Administración. El parlamentario socialista Jesús Loza pide explicaciones a Madrazo sobre el futuro de los servicios de asesoramiento y defensa a los propietarios de bienes inmuebles que ahora ofrecen estas entidades a sus asociados y que, si se cumple el acuerdo del Gobierno para liquidarlas, dejarán de prestar.
Los departamentos de Hacienda y de Vivienda pactaron en septiembre de 2003 la "liquidación" de las tres cámaras, tal y como establece un real decreto de 1994, que han incumplido durante estos diez años. En diciembre pasado una auditoría oficial descubrió graves problemas en estas entidades, sobre todo la de Vizcaya y Guipúzcoa. Vivienda tiene la tutela de las cámaras.
Aunque la única declaración oficial del Gobierno vasco respecto del futuro de las cámaras de la Propiedad la ha hecho ante el Tribunal Superior, extraoficialmente sostiene que va a intentar cumplir el plazo dado a los tribunales. En una resolución judicial de junio pasado, el Superior explicaba que el Ejecutivo autónomo le remitió un escrito con fecha de 27 de mayo en el que señalaba que el decreto para regular el régimen y destino del personal y el patrimonio de las cámaras sería aprobado a finales de este mismo año, "teniendo en cuenta los trámites y los informes de organismos y departamentos afectados".
El proyecto de decreto remitido al tribunal y que habrá de regular el final de estas entidades señala en su artículo 1: "El presente decreto tiene por objeto fijar las actuaciones necesarias para la liquidación e integración del personal de las extintas Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, suprimidas como corporaciones de derecho público por aplicación del artículo único del Real Decreto Ley 8/1994 de 5 de agosto".
Ese artículo viene precedido de una justificación en la que el Gobierno dice, precisamente, por qué hay que poner fin a las cámaras tal y como están. Primero reconoce "la certeza jurídica de la constitucionalidad de la norma que suprimió las cámaras oficiales" en 1994.
Filosofía
Después, explica la filosofía de la liquidación: la consideración de que una entidad cuyo principal objetivo es la defensa de los intereses de los propietarios de fincas urbanas debe nacer por el propio impulso del sector económico y social al que se dirige. Y añade el prólogo: "Es decir, a través de la libertad de asociación, y no mediante la tutela y amparo de la Administración pública, por cuanto los intereses que inciden en la propiedad privada urbana puede ser en un momento dado claramente divergentes" con los del Ejecutivo.
Aunque el borrador no ha sido aprobado, aclara que se trata de una propuesta conjunta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarruzabeitia, y del titular de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.
Un grupo de empleados de las cámaras de los tres territorios solicitó ya en 1996 al Gobierno vasco su integración como funcionarios, en virtud de la legislación básica del Estado. El Ejecutivo no les respondió y los empleados recurrieron la presunta desestimación por silencio administrativo ante la Sala del Contencioso del Superior, que falló en 2002 a favor de los trabajadores. El Gobierno volvió a responder con el silencio hasta que 16 meses después los mismos empleados pidieron una ejecución de la sentencia que se cumple el próximo día 1 de noviembre, al integrar a 12 de ellos en el sector público.