Editorial:

Golpe en el tablero

La renuncia del presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, y su sustitución por Antoni Brufau, actual presidente de Gas Natural y director general de La Caixa, debe interpretarse como una recomposición drástica del entramado político y empresarial que se instauró en España a partir de las privatizaciones de las grandes empresas públicas de servicios ejecutadas totalmente en 1998. Es lo que en términos coloquiales se denomina como "golpe en el tablero". Este golpe tiene un triunfador evidente, que es La Caixa, principal accionista de Repsol, y un perdedor relativo, o que, al menos, ha qu...

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La renuncia del presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, y su sustitución por Antoni Brufau, actual presidente de Gas Natural y director general de La Caixa, debe interpretarse como una recomposición drástica del entramado político y empresarial que se instauró en España a partir de las privatizaciones de las grandes empresas públicas de servicios ejecutadas totalmente en 1998. Es lo que en términos coloquiales se denomina como "golpe en el tablero". Este golpe tiene un triunfador evidente, que es La Caixa, principal accionista de Repsol, y un perdedor relativo, o que, al menos, ha quedado en posición poco brillante, que es el BBVA, el otro gran accionista de Repsol YPF. La lectura política del cambio es evidente: los mercados cotizarán hoy a la baja la estabilidad de los presidentes de las empresas privatizadas por el PP.

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No faltarán interpretaciones interesadas en explicar la sustitución de Cortina como una prueba del intervencionismo del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero las causas reales de este cambio y de los que eventualmente se produzcan hay que buscarlas en la deficiente privatización de las grandes empresas públicas despachadas en el primer Gobierno de José María Aznar. So pretexto de las bondades de las empresas privadas, se vendieron apresuradamente las participaciones públicas de empresas con alto valor estratégico -Repsol, Endesa, Argentaria, Telefónica o Tabacalera- sin respetar el debido equilibrio entre los presidentes y sus equipos directivos, nombrados a dedo desde La Moncloa o el Ministerio de Economía, sin escuchar las opiniones, deseos o intereses de los accionistas. Nada más lógico, pues, que un equilibrio empresarial sustentado sobre imperativos políticos empiece a desmoronarse cuando éstos desaparecen.

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En este caso se ha aplicado principalmente el criterio de la propiedad. Nada tiene que ver con la gestión de Cortina, cuyo balance global es muy positivo. Pero los accionistas mandan y tienen la facultad de decidir sobre los equipos directivos. No en todos los casos de empresas privatizadas cabe identificar una mayoría accionarial con fuerza; pero en Repsol sí era posible.

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