El Gobierno analizará los datos autonómicos sobre el gasto sanitario antes de decidir
El texto que ha preparado el Gobierno como punto de partida para debatir con los presidentes autonómicos sobre la financiación sanitaria parte del hecho de que hace falta analizar de nuevo en qué gasta cada comunidad el dinero antes de tomar decisiones. El documento de Presidencia del Gobierno admite que en los "tres años de vigencia del modelo [de financiación pactado en 2001 por unanimidad] se han puesto de manifiesto diversos desajustes", y apunta como factores a analizar "las mejoras tecnológicas, las decisiones relacionadas con la gestión [...] o la política de personal".
El docume...
El texto que ha preparado el Gobierno como punto de partida para debatir con los presidentes autonómicos sobre la financiación sanitaria parte del hecho de que hace falta analizar de nuevo en qué gasta cada comunidad el dinero antes de tomar decisiones. El documento de Presidencia del Gobierno admite que en los "tres años de vigencia del modelo [de financiación pactado en 2001 por unanimidad] se han puesto de manifiesto diversos desajustes", y apunta como factores a analizar "las mejoras tecnológicas, las decisiones relacionadas con la gestión [...] o la política de personal".
El documento está dividido en cuatro apartados (antecedentes, situación actual, perspectivas y propuestas). El contenido más destacado de cada una de ellas se expone a continuación.
- Antecedentes. La financiación de la sanidad después de las transferencias está regulada en la Ley 21/2001, que fue aprobada "por unanimidad". "Este nuevo modelo representó un importante incremento de recursos para las comunidades", acompañado de su capacidad para "elevar por sí mismas las políticas de gasto".
- Población. El sistema fijó un "mecanismo de revisión" para las comunidades con "un incremento de población superior en más de tres puntos al experimentado por la media nacional". Esta situación no se ha dado ningún año, según el Instituto Nacional de Estadística. El documento establece que "entre los motivos que subyacen en este incremento de los gastos sanitarios se sitúan las causas poblacionales", lo que podría llevar a "revisar los mecanismos previstos", aunque "hay que recordar que dichos mecanismos [de revisión] se establecieron cuando los flujos que han dado lugar a los incrementos de población ya habían comenzado".
- Otros factores. "Será necesario considerar otros [factores], como las mejoras tecnológicas, las decisiones relacionadas con la gestión, el aumento de centros o la política de personal".
- Análisis. "Parece necesario realizar un nuevo análisis que permita conocer en profundidad la realidad del gasto".
"Este análisis debería abarcar el conjunto del gasto" y "su composición, destino y efectividad, así como la previsión de necesidades futuras". Con este análisis, se "podrá determinar con precisión en qué grado el gasto responde a factores objetivos, generales y externos, o a legítimas -y responsables- opciones sobre el mismo". Este estudio tendrá en cuenta "la evolución real del conjunto de los tributos cedidos", con los que cada Administración puede reforzar la financiación.
- Responsabilidades. El objetivo de ese análisis es distinguir "con claridad los efectos que tienen sobre el gasto las variables exógenas -no determinadas por las decisiones de política sanitaria de los Gobiernos- y los derivados de la gestión que dichos Gobiernos ejercen en materia de sanidad". También se prevé "acometer las prestaciones ligadas al envejecimiento en un esquema en el que la participación de los ciudadanos represente uno de sus componentes" [como el seguro de dependencia y la derivación a servicios sociales de algunas personas].
- Propuestas. La base del sistema será "crear un sistema de información homogéneo, ágil y transparente [...] ya que actualmente la Administración General del Estado tiene información parcial sobre el reparto de fondos, y muy escasa sobre los resultados". La Ley de Cohesión y Calidad aprobada por unanimidad en mayo de 2003 establecía una serie de organismos para que las comunidades compartieran su información sobre sistemas de atención, pero no sobre su coste.
Este sistema debe "permitir el análisis de los resultados en términos de eficiencia" e "identificar los gastos de las prestaciones mínimas [que son las obligatorias; el resto queda fuera de este estudio]". Además se fortalecerá el "grupo de población del Consejo de Política Fiscal y Financiera [...] que analizará la incidencia de la población en el gasto".