LA INVESTIGACIÓN DEL 11-M

Trashorras declara que la Goma 2 fue robada de una mina de Tineo distinta a la investigada

El ex minero dice que no participó en la sustracción y acusa a los vigilantes de la mina Conchita

El ex minero José Emilio Suárez Trashorras no ha reconocido en ninguna de sus declaraciones judiciales haber ayudado o participado en el robo de la Goma 2 utilizada en el 11-M, pero sí ha acusado a algunos de sus amigos y antiguos compañeros. Según él, la dinamita pudo ser sustraída de la abandonada mina Farandón, también en la comarca de Tineo, "donde todo el día están metiendo y sacando cajas de Goma 2", según declaró el 16 de junio. No obstante, afirma que de la mina Conchita, la investigada hasta ahora, "sale Goma 2 para cuatro o cinco minas". Sólo admite que trafica con hachís.

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El ex minero José Emilio Suárez Trashorras no ha reconocido en ninguna de sus declaraciones judiciales haber ayudado o participado en el robo de la Goma 2 utilizada en el 11-M, pero sí ha acusado a algunos de sus amigos y antiguos compañeros. Según él, la dinamita pudo ser sustraída de la abandonada mina Farandón, también en la comarca de Tineo, "donde todo el día están metiendo y sacando cajas de Goma 2", según declaró el 16 de junio. No obstante, afirma que de la mina Conchita, la investigada hasta ahora, "sale Goma 2 para cuatro o cinco minas". Sólo admite que trafica con hachís.

Las declaraciones del ex minero, más que aportar a la investigación, confunden. La última que hizo ante el juez fue el 16 de junio y no admitió nada de nada, salvo que era traficante de hachís e incluso reconoció que tuvo problemas con una partida de 30 kilos que era de baja calidad, lo que provocó que tuviera "muchas devoluciones de droga". Las principales aportaciones a la investigación las hizo durante un extraño viaje a Madrid, justo el día en que fue detenido, el 18 de marzo de 2003.

Los agentes de la Comisaría General de Información llegaron hasta él siguiendo el rastro de un teléfono de su mujer. Cuando se presentaron en la comisaría de Avilés, el jefe de Estupefacientes, Manuel García Rodríguez, dijo que era confidente suyo, más bien colaborador eventual, y lo llamó a su despacho. En el viaje, cuando ya había dado detalles que le implicaban en la trama, Trashorras se dio cuenta de que no era llevado a Madrid para ayudar en las pesquisas, sino como acusado de facilitar los explosivos. El escándalo que montó, según quienes lo escucharon, "fue monumental".

Trashorras admitió en todo momento que conocía y había hecho negocios de drogas con Jamal Ahmidan, el Chino, e incluso que "es amigo de algunos islamistas radicales", pero no de los acusados de la masacre. Reconoció que se dedicaba al narcotráfico con Ahmidan y que mantenía una relación de amistad con el confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier, con quien se reunió en varias ocasiones en el centro comercial Sexta Avenida, a pocos kilómetros de Madrid.

Fecha equivocada

Las novias de ambos acudieron a varios de esos encuentros en el centro comercial, "pero se apartaban y no escuchaban de lo que hablábamos", sostiene el ex minero. Éste agregó que, en las reuniones que tuvo con Jamal Ahmidan en una hamburguesería, también se encontraba presente su actual esposa, pero aseguró que ésta se equivocó de fecha en su declaración y agregó que nada pudo oír de la conversación porque se sentaba en otra mesa. El ex minero protege en todo momento a Antonio Toro, su cuñado, al que dice que no quiere meter en ningún lío "porque es buena gente".

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Suárez Trashorras, nacido el 10 de diciembre de 1972 en Avilés, aseguró que, como confidente policial, quería colaborar y que por eso aportaba "nombres y apellidos". A quien señaló más directamente es a Emilio Llano Álvarez (nacido en Cangas de Narcea, en 1960), vigilante de la mina Conchita y actualmente encarcelado, de quien dijo que es pariente de Roberto López Fernández, vigilante de la mina Collada y Anexas, ambas de la empresa Caolines de Merillés. También habló de un tal "Baby" como supuesto implicado.

En su declaración, asegura que de la mina Conchita "sale dinamita para cuatro o cinco minas de la zona", y sugiere que se investigue a los responsables de la empresa "porque son los que llevan la contabilidad". Da el nombre de un tal Jorge como una persona que debe ser investigada. Pero poco después asegura que él ha visto con sus propios ojos "marchar cajas de dinamita" en la mina Farandón, próxima al arroyo del mismo nombre, que "ahora está abandonada", según su explicación. Por ello aventura que, si ha habido un robo, ha debido producirse en la mina Farandón, también en la comarca de Tineo, como la Conchita.

El ex minero agrega que, tal y como está la situación de la minería en Asturias, "con el paro que hay y con lo poco que cobran los mineros, es fácil sobornarles con 6.000 u 8.000 euros" para que miren para otro lado y pueda sustraerse la dinamita de cualquiera de los centenares de minipolvorines distribuidos por toda la región.

Pese a estas declaraciones, los investigadores están convencidos de que la dinamita usada el 11-M procede de la mina Conchita. Entre otros motivos porque el único lugar común al que fueron a parar los cartuchos utilizados en los atentados (identificados por los envoltorios encontrados en el piso de los suicidas de Leganés) y los detonadores de cobre y metal con dos metros de rabiza (tanto el de la bomba desactivada en Vallecas como los hallados en Leganés y las vías del AVE) fue la citada mina. Y las declaraciones de otros imputados en la trama han apuntalado la acusación contra él. Además, la Guardia Civil está convencida de que Suárez Trashorras condujo el vehículo lanzadera que abrió paso al conducido por el Chino cuando este transportó, entre el 28 y 29 de febrero, la dinamita a Madrid.

Trashorras ha reconocido, además, que ayudó a Ahmidan, del que se declara "amigo íntimo", a localizar la mina Conchita cuando, en las citadas fechas, el Chino se perdió intentando salir hacia León "pero yendo pasando por la mina por la que el declarante [el ex minero] trabajaba".

Reunión de ministros del Interior de cinco países de la UE ayer en Florencia.ASSOCIATED PRESS

Combate a las 'webs' islamistas

Los ministros del Interior de España, Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia (el grupo de cooperación reforzada conocido como grupo de Jerez, lugar de su primera reunión) acordaron ayer en Florencia proponer a la UE "examinar" todos los sitios de Internet utilizados por grupos radicales islamistas para colgar sus comunicados e intercambiarse la información de forma inmediata. Además, todos aceptaron la propuesta de José Antonio Alonso, titular español de la cartera, de que el nuevo pasaporte europeo incluya, además de la foto y otros datos biométricos, la huella dactilar.

Durante la reunión del también llamado G-5, que continuará hoy, también se acordó avanzar en la vía de la expulsión administrativa de la UE de los sospechosos de terrorismo. Alonso propuso llegar a un acuerdo común sobre quién debe ser considerado sospechoso de terrorismo, y que la expulsión se haga siempre de manera "racional, acreditada y bien circunscrita a los asuntos de terrorismo".

En esta línea, los reunidos estuvieron de acuerdo en modificar la base de datos SIS, del espacio Schengen, donde se anota el nombre de todas las personas que han sido expulsadas del lugar de libre circulación. El acuerdo es que, además del nombre y otros datos identificativos, se anote el motivo de la expulsión, algo que hasta ahora no se hacía.

Los ministros también hablaron de la idea, defendida por Alemania e Italia, entre otros, de crear "centros de acogida" en países del Magreb, para que sirvan como estructuras en las que gestionar el constante flujo migratorio en el Mediterráneo, que tiene como destino Europa. El proyecto piloto para esos centros fue respaldado en una reunión de los 25 Estados de la UE el pasado día 1, pero no satisface a algunos, como Francia y España. "La eficacia es dudosa desde el punto de vista de la lucha contra la inmigración ilegal", afirmó el titular español de Interior, quien expresó la "cautela y prudencia absolutas" de España ante esa idea.

También se abordó la posibilidad de que las listas de pasajeros de las que dispondrán las fuerzas de seguridad a partir de 2006 sirvan también para asuntos de terrorismo y no sólo para la inmigración irregular.

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