El ex alcalde de Puebla de Don Fadrique defiende su actuación
El ex alcalde de Puebla de Don Fadrique (Granada) Genaro Molina, que se enfrenta a 21 años y medio de cárcel y 70 de inhabilitación por ocho delitos de prevaricación, malversación e infidelidad por ocultación de documentos, declaró ayer durante el juicio que se sigue en la Audiencia que sus actuaciones al frente del Consistorio, entre 1987 y 1995, bajo las siglas del grupo independiente FADI, fueron "legítimas y legales", sin que supusieran un perjuicio económico para el pueblo.
El ex primer edil, actualmente presidente de FADI, negó que el Ayuntamiento recibiera un talón de más de 12.0...
El ex alcalde de Puebla de Don Fadrique (Granada) Genaro Molina, que se enfrenta a 21 años y medio de cárcel y 70 de inhabilitación por ocho delitos de prevaricación, malversación e infidelidad por ocultación de documentos, declaró ayer durante el juicio que se sigue en la Audiencia que sus actuaciones al frente del Consistorio, entre 1987 y 1995, bajo las siglas del grupo independiente FADI, fueron "legítimas y legales", sin que supusieran un perjuicio económico para el pueblo.
El ex primer edil, actualmente presidente de FADI, negó que el Ayuntamiento recibiera un talón de más de 12.000 euros por la venta, en marzo de 1993, de cien acciones de una empresa de mármoles de participación municipal, acusación que mantiene la Fiscalía, que asegura que ese dinero se ingresó en una cuenta bancaria del también acusado Ángel M.B.
Asimismo, indicó que la posterior ampliación de capital de dicha empresa, a través de la cesión de terrenos municipales para la construcción de una fábrica sin contrapartida económica, que tampoco llegó a efectuarse, "no sólo es legal sino que es una práctica habitual de los Ayuntamientos para no perder la principal industria del municipio".
El fiscal también acusa al entonces alcalde de conceder una subvención de 47.541,40 euros, aportada por la Consejería de Trabajo, a un empresa de la que era administrador único para la gestión de unos cursos de formación profesional de camarero y cocinero que se suspendieron al mes de iniciarse y por los que no se justificaron cerca de 10.000 euros del gasto.