Concepto disparatado
Nunca he entendido el concepto de deuda histórica. No entiendo cómo en un Estado que se constituye democráticamente a través del ejercicio de un poder constituyente único, que se hace residir de manera exclusiva y excluyente en el pueblo español, puede tener cabida una reivindicación de esta naturaleza. La ciudadanía española es única e indivisible. Todos somos ciudadanos españoles, cotitulares en condiciones de igualdad del poder constituyente mediante el cual hemos constituido el Estado. En esta unidad del poder constituyente descansa el principio de unidad política del Estado que es ...
Nunca he entendido el concepto de deuda histórica. No entiendo cómo en un Estado que se constituye democráticamente a través del ejercicio de un poder constituyente único, que se hace residir de manera exclusiva y excluyente en el pueblo español, puede tener cabida una reivindicación de esta naturaleza. La ciudadanía española es única e indivisible. Todos somos ciudadanos españoles, cotitulares en condiciones de igualdad del poder constituyente mediante el cual hemos constituido el Estado. En esta unidad del poder constituyente descansa el principio de unidad política del Estado que es al mismo tiempo el fundamento y el límite del ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España. No puede haber ningún ejercicio del derecho a la autonomía que sea incompatible con el principio de unidad política del Estado. Y no puede haberlo porque no existe ningún pueblo titular del derecho a la autonomía. No existe un pueblo andaluz, o vasco o catalán. Constitucionalmente hablando no existe nada más que el "pueblo español", en el que estamos integrados todos los ciudadanos sin excepción. No es admisible, en consecuencia, la afirmación de un pueblo andaluz, que sería titular de unos derechos frente al Estado español al que podría exigirle su cumplimiento.
Hacer uso de la Disposición Adicional segunda del Estatuto a estas alturas del guión no es serio
Eso es sencillamente un disparate, de naturaleza similar a la afirmación de un pueblo vasco, titular de un derecho de autodeterminación, en el que descansa el Plan Ibarretxe. El Estado español se constituyó democráticamente en 1978 con base en un poder constituyente único residenciado en el pueblo español, que no admite fragmentación de ningún tipo en ninguna dirección. Ni para pretender redefinir la posición de un territorio dentro del Estado, que es lo que pretende el Plan Ibarretxe con su status de libre adhesión del País Vasco a España. Ni para pretender el status de acreedor frente al Estado.
Deuda histórica y Estado democrático son, pues, términos contradictorios. Únicamente en el supuesto de territorios que en el pasado hubieran sido colonias y que hubieran pasado a ser provincias o regiones de un Estado nuevamente constituido, adquiriendo sus habitantes la ciudadanía en condiciones de igualdad con los habitantes de la antigua metrópolis, se podría tal vez pensar en términos de deuda histórica. Pero no creo que nadie se atreva a considerar que Andalucía ha sido alguna vez una colonia de España y que podría ser, por ello, portadora del algún derecho. De la misma manera que no creo que nadie se atreva a afirmar que el País Vasco ha sido una colonia de España y que, por ello, es titular del derecho de autodeterminación.
Nadie nos debe nada. No se puede plantear la financiación de la comunidad autónoma en estos términos. Ni la de la comunidad autónoma de Andalucía ni la de ninguna. Lo que sí cabe exigir es "la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español", que establece el artículo 158.1 de la Constitución, para lo cual en el mismo se contempla la posibilidad de que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyan lo que la doctrina ha calificado de "asignaciones niveladoras".
La Disposición Adicional segunda del Estatuto de Autonomía no hace más que desarrollar estas asignaciones niveladoras en términos que son al mismo tiempo más amplios y más restringidos que los que contiene la Constitución. La Disposición está claramente pensada para la inicial puesta en marcha de la autonomía andaluza y para corregir las posible infradotaciones de los servicios transferidos en el momento fundacional. No es un título que permita reclamar de manera generalizada y sin límites temporales fuentes de financiación adicionales. Hacer uso de la Disposición Adicional segunda a estas alturas del guión no es serio.
No creo, por tanto, que exista base jurídica para hablar de deuda histórica. Pero es que, además, me parece que es un error político plantear la financiación de la comunidad autónoma en esos términos. Cuanto más énfasis pongamos en la deuda histórica mayor será nuestra debilidad a la hora de negociar nuestra posición en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Lo que tenemos que perseguir es no ser discriminados en la inversión estatal, como ha ocurrido de manera sistemática en las dos pasadas legislaturas. Hemos estado hablando de deuda histórica, en lugar de centrarnos en que la inversión del Estado en Andalucía estaba cinco puntos por debajo de su peso poblacional. Andalucía ha sido discriminada de manera sistemática y por vías diversas a lo largo de los últimos ocho años. Con esto hemos perdido mucho más de lo que podríamos haber conseguido mediante la consignación de algunas partidas por la supuesta deuda histórica.
Lo que tenemos que exigir desde la comunidad autónoma es el cumplimiento de la Constitución. Tenemos que exigir que el diseño general de financiación del Estado de las Autonomías que está prefigurado en la Constitución, en el que juegan un papel importante los principios de igualdad y solidaridad, no sea desvirtuado en la práctica. Esta es una exigencia democrática perfectamente explicable tanto en términos políticos como jurídicos. No podemos plantear la financiación de Andalucía de una manera en cierta medida insultante para los demás, como si nos debieran algo y se resistieran a pagarlo. Además de no ser verdad, nos pone en una situación lamentable para defender nuestra posición en el Estado y para exigir lo que de verdad tenemos derecho a exigir. Dejemos la deuda histórica en paz y centrémonos en hacer política a la altura del tiempo en que estamos.