Miedo a pedir ayuda
Carmen García, concejala del Servicio Municipal de la Mujer en Bilbao, reconoce que el miedo de muchas mujeres a interponer una denuncia o acercarse a las instituciones públicas en demanda de ayuda se duplica en el caso de las inmigrantes en situación irregular, aunque la falta de papeles de la solicitante no es una traba para recibir protección de la Administración. "Se atiende a todas las mujeres, estén en la situación que estén. No necesitan ni siquiera estar empadronadas", recalca la edil.
Tampoco la Diputación de Vizcaya exige requisito alguno a las inmigrantes que acuden a sus ser...
Carmen García, concejala del Servicio Municipal de la Mujer en Bilbao, reconoce que el miedo de muchas mujeres a interponer una denuncia o acercarse a las instituciones públicas en demanda de ayuda se duplica en el caso de las inmigrantes en situación irregular, aunque la falta de papeles de la solicitante no es una traba para recibir protección de la Administración. "Se atiende a todas las mujeres, estén en la situación que estén. No necesitan ni siquiera estar empadronadas", recalca la edil.
Tampoco la Diputación de Vizcaya exige requisito alguno a las inmigrantes que acuden a sus servicios de urgencia, a cualquiera hora. "No les pedimos nada, y se quedan entre tres y cuatro días. Después, si no tienen donde ir, van a un piso de acogida o al domicilio de algún familiar, aunque es habitual que no tengan familiares ni nadie que les eche una mano", asegura un portavoz del departamento de Bienestar Social.
La institución foral vizcaína dispone de dos pisos refugio para todo tipo de casos de desamparo y de otros, cuyo número no se especifica, con centros colaboradores. En el transcurso del pasado año acogieron a 190 mujeres y 70 menores; aproximadamente, la mitad eran inmigrantes. La edad media de las mujeres fue de 34 años; la más joven tenía 17 años y la mayor, 60. Los hijos se situaban en una amplia franja entre siete días y 23 años, siendo la media de edad de siete.
Las otras dos capitales vascas, así como otros ayuntamientos y diversas organizaciones sociales cuentan también con pisos de acogida en la comunidad autónoma. El proyecto de ley de Igualdad recientemente aprobado por el Gobierno establece la obligación de que todos los municipios de más de 20.000 habitantes garanticen este tipo de asistencia para las mujeres maltratadas.