El PSOE mantiene las penas sólo para hombres en casos de maltrato

El PSOE mantiene el agravamiento penal para los hombres que coaccionen o amenacen levemente o lesionen a sus mujeres, pero plantea extender este aumento de la pena a cualquier persona que maltrate a otra especialmente vulnerable, independientemente del sexo del agresor. El diferente trato penal a hombres y mujeres era una de las principales críticas al proyecto de ley integral contra la violencia sobre las mujeres.

El Grupo Socialista presentó ayer en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso una batería de enmiendas con el fín de aunar posturas y lograr el máximo consenso ...

El PSOE mantiene el agravamiento penal para los hombres que coaccionen o amenacen levemente o lesionen a sus mujeres, pero plantea extender este aumento de la pena a cualquier persona que maltrate a otra especialmente vulnerable, independientemente del sexo del agresor. El diferente trato penal a hombres y mujeres era una de las principales críticas al proyecto de ley integral contra la violencia sobre las mujeres.

El Grupo Socialista presentó ayer en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso una batería de enmiendas con el fín de aunar posturas y lograr el máximo consenso con vistas a la votación en pleno de la ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres el próximo día 7 de octubre.

El diputado socialista Julio Villarrubia explicó que la equiparación del agravante de la condena cuando se maltrate a una persona especialmente vulnerable afectará, en definitiva, a ancianos, niños o discapacitados, sin importar el sexo del agresor. "Podría ocurrir que un hombre de mayor edad muy enfermo, que no pudiera defenderse, fuera golpeado por su mujer, entonces el juez tendría que decidir si la víctima es especialmente vulnerable para que pudiese agravarse la condena", explicó el diputado. En la práctica, son las víctimas femeninas las que más denuncias formulan, nueve de cada 10.

Este agravante penal consiste en que si es el hombre el que amenaza o coacciona levemente o lesiona a su esposa o pareja se enfrenta a un delito, mientras que si es la mujer la que lo hace contra su esposo o pareja se enfrenta a una falta.

Los grupos parlamentarios decidieron ayer seguir negociando la próxima semana. En la comisión de ayer los grupos se limitaron a permitir la aprobación del dictamen y de 22 enmiendas presentadas por el Grupo Socialita, con los únicos votos favorables de este grupo y la abstención del resto.

La mayoría de las más de 400 enmiendas parciales presentadas por la oposición se mantienen para el debate en el pleno, después de que todos los parlamentarios se abstuvieran por asentimiento. Aún así, hubo un acuerdo unánime para dejar la puerta abierta a todas las propuestas de modificación del texto del Gobierno a fin de que la ley pueda ser votada por todos los grupos.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, explicó que los socialistas han negociado intensamente con el resto de los grupos para hacer efectivo un acercamiento de posturas sin renunciar por ello a mantener la discriminación positiva a favor de la mujer.

Otra de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista hace referencia expresa a la adopción de medidas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con el fin de que adopten medidas adecuadas para garantizar una protección individual y personalizado de las mujeres víctimas de la violencia de sus maridos o compañeros.

Asistencia a la mujer

Además, los socialistas han tratado de perfilar mejor los aspectos de asistencia a las mujeres maltratadas mejorando la coordinación entre las distintas administraciones, explicó la diputada del PSOE, Mariví Monteserín.Los socialistas plantean también la modificación de varios preceptos del Código Penal, que además entran hoy en vigor, y que afectan a la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

Lo que plantea el Grupo Socialista es que en los casos de violencia de género sólo se pueda suspender la condena y sustituirla cuando se cumplan tres condiciones: la prohibición al condenado de acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima y acudir a programas formativos.