Recurso contra la orden de demolición de Montenmedio
El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz, 22.000 habitantes), gobernado por el PP, e Ibercompra, SA, empresa propietaria del complejo turístico y deportivo de Montenmedio, han presentado sendos recursos de súplica contra un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena derribar la casa club.
El auto del TSJA llega después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado un recurso de amparo de las partes recurrentes contra una primera sentencia del TSJA que declaró "ilegal" Montenmedio por nacer de un proceso "alterado", por contradecir el PGOU y por carecer del e...
El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz, 22.000 habitantes), gobernado por el PP, e Ibercompra, SA, empresa propietaria del complejo turístico y deportivo de Montenmedio, han presentado sendos recursos de súplica contra un nuevo auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena derribar la casa club.
El auto del TSJA llega después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado un recurso de amparo de las partes recurrentes contra una primera sentencia del TSJA que declaró "ilegal" Montenmedio por nacer de un proceso "alterado", por contradecir el PGOU y por carecer del estudio de impacto ambiental. El fallo también anuló el Plan Especial de Mejora del Medio Rural de Montenmedio Sur, con el que el Consistorio barbateño facilitó nuevas licencias por las que consideraba que "había sido restituida la legalidad".
El Ayuntamiento de Barbate e Ibercompra -sociedad de la que el empresario Antonio Blázquez es el administrador único- han recurrido porque entienden que Montenmedio dispone de otras licencias definitivas sobre las que tiene que pronunciarse todavía el Tribunal Constitucional.
"Sería injusto derribar un inmueble que, posteriormente, puede autorizar el Tribunal Constitucional", sostuvo el alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús, quien se mostró partidario de aplicar una sanción económica a Ibercompra en lugar del derribo.
Este argumento no es compartido por el TSJA, que en el auto publicado ayer por La Voz de Cádiz afirma: "Contra lo que se dice, ningún obstáculo legal se opone a la ejecución, en cuanto se decreta el derribo de una construcción realizada contra el ordenamiento jurídico". Más contundente es el auto respecto a la alegación municipal de que la Junta no tenía capacidad para ejecutar el derribo. "Esta cuestión (...) decae por su propia base, ya que ambas administraciones fueron parte del proceso", afirman los magistrados. Los afectados aún pueden recurrir al Supremo.
Los grupos parlamentarios del PSOE y PP rechazaron ayer pedir a la Consejería de Turismo que tome las medidas para la clausura del complejo de Montenmedio (Cádiz), petición realizada por IU.