Tribuna:LA REFORMA DEL ESTATUTO

Un Estatuto con vocación de futuro

El autor sostiene que Andalucía es una nación y que debe reclamar el lugar que le corresponde en la Constitución. Tras enumerar un amplio catálogo de propuestas reformistas, afirma que debe tener voz propia en el contexto nacional e internacional

"Más vale tarde que nunca", nos dicen en ocasiones para contentarnos. Sin embargo, desde el Partido Andalucista queremos hacer patente nuestro desconcierto por los pasos de tortuga con los que el Gobierno andaluz se mueve en la reforma del Estatuto. Cualquiera diría que no está entre sus prioridades abordar el futuro de nuestra Constitución andaluza.

Los andalucistas más que hablar de reforma -que suena a ir poniendo parches, a donde dije digo, digo Diego-, nos inclinamos por un nuevo Estatuto para Andalucía. Un texto serio, riguroso, moderno, dinámico, abierto a los cambios y fr...

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"Más vale tarde que nunca", nos dicen en ocasiones para contentarnos. Sin embargo, desde el Partido Andalucista queremos hacer patente nuestro desconcierto por los pasos de tortuga con los que el Gobierno andaluz se mueve en la reforma del Estatuto. Cualquiera diría que no está entre sus prioridades abordar el futuro de nuestra Constitución andaluza.

Los andalucistas más que hablar de reforma -que suena a ir poniendo parches, a donde dije digo, digo Diego-, nos inclinamos por un nuevo Estatuto para Andalucía. Un texto serio, riguroso, moderno, dinámico, abierto a los cambios y fruto de un amplio debate y consenso social. La realidad social, cultural, económica y política actual dista mucho de la que hace 22 años nos permitió a los andaluces conquistar la autonomía. Las normas de entonces se perfilan obsoletas para dar respuesta a las demandas de hoy.

La deuda histórica, debe quedar recogida en el texto constitucional
Andalucía debe ser circunscripción electoral única en las elecciones europeas

Los andaluces tenemos que ser ambiciosos y abordar la reforma de nuestro Estatuto sin complejos y sin limitaciones, no escondiéndonos tras un discurso plagado de eslóganes para que después no cambie nada.

Un nuevo Estatuto que atienda a tres aspectos fundamentales: Andalucía en sí misma, Andalucía en el marco de España y Andalucía en el marco de Europa. Un documento que posibilite una Administración andaluza más eficaz y cercana, que dé cabida a la sociedad de las nuevas tecnologías, que recoja los nuevos conceptos sociales y laborales, que nos reconozca con voz propia en el seno de la Unión Europea, que atienda a las modificaciones que se han producido en el modelo territorial interior de Andalucía, que profundice en la identidad y en el hecho diferencial andaluz y que nos conduzca a un autogobierno pleno con todas sus competencias. Es decir, un Estatuto que haga más Andalucía.

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Desde el Partido Andalucista hemos exigido en multitud de ocasiones el cumplimiento en su totalidad del actual Estatuto. Un texto innovador por el momento en el que se redactó, pero que nunca se ha llegado a desarrollar por completo. Con semejantes antecedentes, qué se puede esperar de la puesta en práctica del nuevo texto que se va a elaborar. Aunque alguna vez soplarán vientos nuevos en Andalucía, tras 25 años de reiterados gobiernos socialistas.

Andalucía se juega en esta legislatura, marcada por la reforma estatutaria y constitucional, su futuro. Ahora, más que nunca, tiene que definir qué y quién quiere ser en este nuevo marco.

Y para ello, lo primero que ha de reclamar Andalucía es el lugar que le corresponde en la Constitución española y en ese nuevo modelo de Estado que se anuncia. Andalucía es una nación en condiciones similares a las denominadas nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia) y como tal, su hecho diferencial -la Adicional Segunda, la deuda histórica- debe de quedar recogido en el texto constitucional.

Una vez inmersos en el nuevo Estatuto, lo primero que hemos de preguntarnos los andaluces es a qué tipo de autogobierno aspiramos. ¿Vamos a continuar reproduciendo miméticamente los modelos administrativos, jurídicos y políticos centralistas o vamos a apostar de lleno por la descentralización, por desarrollar nuestro propio modelo de autogobierno, por esa autonomía generatriz defendida por Blas Infante, donde la base son los ayuntamientos? ¿Le vamos a dar voz, competencias y recursos económicos y financieros a nuestros ayuntamientos para que como las administraciones más cercanas al ciudadano que son estén en condiciones de prestar los servicios que se les están exigiendo o van a continuar siendo las hermanitas pobres aspirantes a un Pacto Local que nunca llega?

Es el momento, además, de poner fecha de cierre a ese aparato burocrático de instituciones representativas del Gobierno estatal, como las Diputaciones o las Delegaciones del Gobierno, y a la duplicidad de funciones que conlleva. Hay que poner en marcha de una vez un modelo territorial basado en las comarcas, estructuras territoriales más ajustadas a la realidad andaluza y, desde luego, más capacitadas para acercar los servicios públicos e infraestructuras a todos los ciudadanos de forma más equitativa que las actuales administraciones provinciales, que tienden a concentrar todas sus actuaciones en los grandes núcleos de población. De hecho, el mapa comarcal de Andalucía es una realidad en la práctica, puesto que hasta los departamentos de la Administración andaluza se remiten a él para muchos de sus proyectos. Sólo falta que esta nueva organización territorial en base a las comarcas sea reconocida de forma explícita por el Gobierno andaluz y el Estatuto nos ofrece una oportunidad única para ello.

Por lo tanto, una mayor descentralización y simplificación del aparato administrativo, jurídico y político que pasa por un mayor protagonismo de la Administración andaluza y un nuevo modelo de relación de Andalucía con la Administración y las instituciones del Estado, desde la lealtad constitucional y el compromiso de colaboración. Un modelo que contemple la creación de la Agencia Tributaria Andaluza, una Administración de Justicia propia -delegación de funciones del Consejo del Poder Judicial, traspaso de competencias a órganos jurisdiccionales andaluces, participación en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el Parlamento-, la apuesta por una caja o banco andaluz participado por todas las entidades financieras de Andalucía, la protección y el desarrollo de empresas y sectores productivos andaluces, el derecho de Andalucía a establecer y ampliar convenios, acuerdos, con otras comunidades y países, así como la participación directa de Andalucía en las instituciones de la Unión Europea y la gestión propia de los fondos económicos europeos. En resumen, el derecho a no ser utilizados continuamente como moneda de cambio.

Un Estatuto integrador, reflejo de la sociedad civil, con una Carta de Derechos y de Deberes que contribuya a mejorar la calidad de vida de los andaluces -acceso a una vivienda digna, sanidad pública y gratuita, educación pública que afiance la conciencia andaluza, acceso a las nuevas tecnologías, igualdad de género, protección y ayuda a las diferentes formas de familia, autonomía y dignidad de las personas mayores, protección de los menores, integración de los discapacitados, promoción de la cultura andaluza, consumo responsable y protección del medio ambiente, compromiso con las iniciativas públicas, conocimiento y conservación del patrimonio cultural y natural de Andalucía- y en el que se profundice en la identidad y en el hecho diferencial andaluz, desde el reconocimiento de fechas simbólicas para los andaluces -4 de diciembre, 28 de febrero u 11 de agosto- hasta la defensa de la nacionalidad histórica y del habla andaluza, o la presencia de la temática andaluza en el material curricular, los libros de texto y en el sistema educativo, en general.

Un texto que reconozca y establezca unas elecciones andaluzas por separado de cualquier otra cita electoral y que permita un debate en clave andaluza. Una reforma en la Ley Electoral que ponga fin a paradojas como que el Senado aspire a convertirse en una Cámara territorial y aún hoy estemos eligiendo a los senadores por Jaén, Málaga o Córdoba, en lugar de fijar una circunscripción única para Andalucía, y que incorpore propuestas innovadoras como la limitación de mandatos, medidas contra el transfuguismo o que Andalucía sea considerada como una circunscripción única en las elecciones al Parlamento Europeo.

El desarrollo de la Andalucía del siglo XXI va a depender en gran medida de este nuevo Estatuto. Hemos de ser realistas, pero ambiciosos si no queremos quedarnos relegados a un segundo plano y que sean otros los que hablen y decidan por nosotros. Andalucía tiene que tener voz propia en Madrid, en Europa y en el contexto internacional, sin que ello conlleve ningún agravio comparativo ni gesto de insolidaridad.

Antonio Ortega es secretario general del Partido Andalucista.

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