Doce vacantes en el Supremo

Los nombramientos de magistrados y presidentes de Sala del Tribunal Supremo son el auténtico caballo de batalla de una reforma que pretende introducir la mayoría cualificada de tres quintos (13 votos de 21) para proceder a esos nombramientos y a los de presidentes de los tribunales superiores de cada autonomía.

Justicia sabe que antes del 31 de enero de 2005 habrá que cubrir 12 vacantes en el Tribunal Supremo, y de ellas, cuatro corresponden a las presidencias de cuatro de las cinco Salas: la de lo Civil, Penal, Social y Militar, que podrían ir en su mayor parte a jueces conservadores. ...

Los nombramientos de magistrados y presidentes de Sala del Tribunal Supremo son el auténtico caballo de batalla de una reforma que pretende introducir la mayoría cualificada de tres quintos (13 votos de 21) para proceder a esos nombramientos y a los de presidentes de los tribunales superiores de cada autonomía.

Justicia sabe que antes del 31 de enero de 2005 habrá que cubrir 12 vacantes en el Tribunal Supremo, y de ellas, cuatro corresponden a las presidencias de cuatro de las cinco Salas: la de lo Civil, Penal, Social y Militar, que podrían ir en su mayor parte a jueces conservadores. De hecho, la reforma empezó a plantearse en serio este verano, a partir de la última tanda de nombramientos, en que el sector conservador del Poder Judicial impuso su mayoría para adjudicar ocho cargos a magistrados de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura frente a dos de la progresista Jueces para la Democracia.

Entre los nombramientos posteriores preocupan los de la Sala Penal, la más sensible del alto tribunal por cuanto tiene encomendado el enjuiciamiento de aforados: presidente y miembros del Gobierno, diputados y senadores, determinados parlamentarios autonómicos, magistrados, etcétera.

Una sala que durante el mandato del PP resistió todos los intentos de incriminar a ministros como Josep Piqué por el caso Ertoil, a Jaume Matas por supuesto fraude electoral, que rechazó todas las querellas contra el entonces presidente José María Aznar por la guerra de Irak y que en breve podría tener que pronunciarse sobre las acciones emprendidas contra Federico Trillo por el caso del Yak-42.

En los últimos años se ha procurado mantener un cierto equilibrio ideológico entre los miembros de su plantilla, pero todas las vacantes que se han ido produciendo desde que entró el actual Consejo han ido a parar a jueces de la APM: Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Luis Román Puerta, renovado el pasado julio pese a que se jubila el primero de enero. Ahora la relación de fuerzas beneficia a ligeramente a la derecha pero los conservadores del CGPJ no ocultan su intención de mantenerla y aún de incrementarla.