Retos judiciales
La política judicial del Gobierno se hizo presente ayer en la solemne apertura de los tribunales a través de una iniciativa parlamentaria presentada conjuntamente por PSOE, ERC e IU, que pretende que los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia respondan a una mayoría cualificada de vocales del Consejo del Poder Judicial -13 de 21-, que supere la línea divisoria entre vocales afines al PP o al PSOE.
La iniciativa responde a un antecedente muy concreto: el virtual copo, en julio pasado, por los candidatos del sector conservad...
La política judicial del Gobierno se hizo presente ayer en la solemne apertura de los tribunales a través de una iniciativa parlamentaria presentada conjuntamente por PSOE, ERC e IU, que pretende que los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia respondan a una mayoría cualificada de vocales del Consejo del Poder Judicial -13 de 21-, que supere la línea divisoria entre vocales afines al PP o al PSOE.
La iniciativa responde a un antecedente muy concreto: el virtual copo, en julio pasado, por los candidatos del sector conservador de las plazas vacantes en diversos tribunales de justicia. Pero tiene una lógica institucional intachable: que los nombramientos estrictamente judiciales respondan a la composición plural del Consejo -no sólo a la mayoría aritmética- y tengan en cuenta, por tanto, el equilibrio entre mayorías y minorías en la proporcionalidad adecuada.
Al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Francisco José Hernando, le inquieta más bien que una eventual reforma del recurso de casación, vinculada a un mayor protagonismo de los Tribunales Superiores de Justicia como segunda instancia penal e incluso casacional en sus respectivas autonomías, cuestione "la posición de unicidad y superioridad efectiva" en el Estado del tribunal que preside. También al nuevo fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le preocupa que la anunciada reforma del proceso penal, que atribuiría al ministerio fiscal las tareas de investigación del delito, se ponga en marcha sin una previa "reorganización y modernización" de la institución que dirige.
En el caso de Hernando su inquietud es exagerada. El Supremo viene asumiendo tareas de las que puede desprenderse y los Tribunales Superiores de Justicia pueden asumir otras sin que la organización judicial del Estado desborde el marco constitucional. Más sentido tiene la desazón del fiscal del Estado sobre la reforma del proceso penal. Los Gobiernos suelen acometer sus reformas legales sin una previa asignación de recursos, presupuestarios o de otro tipo. No sólo la eventual reforma del proceso penal; el resto de reformas en el ámbito de la justicia deberían contemplar los medios necesarios para llevarlas a efecto. Se trata de que no se queden en meros gestos propagandísticos y que sirvan realmente a la mejora de la justicia.