El Gobierno planteará adelantar la reforma de la doble instancia penal

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se mostró ayer "receptivo" a introducir la segunda instancia penal en los tribunales superiores de justicia, reforma que podría adelantarse a la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno. El ministro se reunió ayer con representantes de Jueces para la Democracia, a los que trasladó que mantendrá su compromiso de crear entre 100 y 150 juzgados el próximo año.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, manifestó anoche que habían trasladado al ministro de Justicia...

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se mostró ayer "receptivo" a introducir la segunda instancia penal en los tribunales superiores de justicia, reforma que podría adelantarse a la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno. El ministro se reunió ayer con representantes de Jueces para la Democracia, a los que trasladó que mantendrá su compromiso de crear entre 100 y 150 juzgados el próximo año.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, manifestó anoche que habían trasladado al ministro de Justicia su preocupación por el hecho de que España haya sido condenada por organismos y tribunales internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por carecer de la doble instancia penal prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York suscrito por España.

Fuentes de Justicia señalaron que el ministro se mostró convencido de la necesidad de introducir la doble instancia penal e incluso se mostró "receptivo" a la posibilidad de adelantar la reforma a la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque respetando "la interlocución y el consenso con los grupos parlamentarios".

Rodríguez Achútegui explicó que bastaría con reformar la ley y crear un recurso de apelación para los juicios que se ventilan en única instancia ante las Audiencias Provinciales. La apelación sería resuelta por las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de justicia, lo que permitiría que el Tribunal Supremo sólo se ocupe de los recursos de casación a efectos de unificar la doctrina de los Tribunales Superiores autonómicos, "función para la que estaba destinado en principio".

La doble instancia penal es una exigencia del artículo 14.5 del Pacto de Nueva York, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado ya en tres ocasiones su incumplimiento por España, estimando que el Tribunal Supremo no hace una nueva valoración de las pruebas presentadas en el juicio celebrado en primera instancia ante una Audiencia Provincial.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de generalizar el recurso de apelación para todas las sentencias y mientras esa reforma se lleva cabo viene argumentando que hace una revisión probatoria propia de un recurso de apelación sin juicio, a través de la revisión de infracción de preceptos constitucionales introducida en la casación. Pero en la práctica se siguen sucediendo los dictámenes adversos e incluso una condena del Tribunal de Estrasburgo por el mismo motivo. Mientras, los abogados plantean cada vez más frecuentemente la vulneración del Pacto la falta de doble instancia para luego acudir a los tribunales internacionales.

Los representantes de Jueces para la Democracia solicitaron también que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias vuelva a depender del Ministerio de Justicia, que "es su sitio natural". El ministro se comprometió a estudiar el asunto "con atención".

Según el portavoz de JpD, López Aguilar les trasladó que mantiene su intención de crear 1.000 plazas de jueces y fiscales, y que para el año próximo se crearán ente 100 y 150 nuevos juzgados.

Por otra parte, el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-Verds, formaciones que componen el tripartito catalán, han presentado una proposición no de ley en la que piden al Gobierno que garantice financiación para el uso de las lenguas oficiales en la Administración de justicia.

En otro de los puntos, plantean que los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de tribunales superiores se elijan mediante mayorías que expresen "un amplio consenso" con el fin de "reforzar" la independencia del Poder Judicial.