Columna

Talantes distintos

La reunión que mantuvieron los regantes del Júcar y del Vinalopó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, días pasados, en Valencia, cabe calificarla de insólita. Fue una lástima que se produjera en plenas vacaciones de agosto, pues al suceso no se le dio la importancia que, en mi opinión, merecía. Entre nosotros, no es habitual que la Administración se reúna con los afectados por cualquier proyecto para conocer de primera mano sus opiniones. Ni, mucho menos, que se sienten en la misma mesa personas con intereses contrapuestos sin que aquello acabe como el rosario de la aurora. Somos, po...

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La reunión que mantuvieron los regantes del Júcar y del Vinalopó con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, días pasados, en Valencia, cabe calificarla de insólita. Fue una lástima que se produjera en plenas vacaciones de agosto, pues al suceso no se le dio la importancia que, en mi opinión, merecía. Entre nosotros, no es habitual que la Administración se reúna con los afectados por cualquier proyecto para conocer de primera mano sus opiniones. Ni, mucho menos, que se sienten en la misma mesa personas con intereses contrapuestos sin que aquello acabe como el rosario de la aurora. Somos, por lo general, un país más visceral, donde estas cosas tienden a resolverse, como no hace mucho señalaba el ministro Arias Cañete, a propósito del trasvase del Ebro, "por huevos".

No creo, desde luego, que con esta reunión se hayan acabado las discusiones sobre el trasvase Júcar-Vinalopó. Sería una ingenuidad por mi parte pretenderlo. Cuando se conozca el dictamen sobre el tema de la comisión técnica se producirán, naturalmente, los inevitables desacuerdos. En nuestra tierra, el agua se ha convertido en un asunto de alto voltaje, hábilmente alimentado por la política, y es difícil encontrar soluciones que satisfagan a todo el mundo. Pero al menos en esta ocasión, conoceremos los datos técnicos y las razones que el ministerio ha utilizado en su juicio. Y, lo que es más importante, se habrá escuchado a todos los implicados, sin exclusiones.

Difiere esta actitud del Ministerio de Medio Ambiente con la que mantiene Fomento sobre el trazado de la nueva autopista de circunvalación de Alicante. Amparado en una declaración de urgencia, se ha elaborado un proyecto que perjudica gravemente a varias poblaciones del recorrido. Leyendo las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto, se tiene la impresión de que los técnicos han proyectado un trazado poco contrastado con la realidad. Tal vez, si estas personas se hubieran molestado en escuchar a las autoridades de los municipios afectados, hubieran podido evitarse algunos de los despropósitos que ahora se cometerán. La nueva autopista sería más útil de este modo y los ciudadanos estarían más contentos, indudablemente. A fin de cuentas, el fin de esta nueva vía es dar un servicio a la comunidad.

El asunto es particularmente grave por lo que respecta al pueblo de Mutxamel, donde la autopista discurrirá demasiado próxima al casco urbano, con lo que compromete sus posibilidades de desarrollo. Esto puede que no importe demasiado a los técnicos de Fomento, pero para los habitantes de Mutxamel, puedo afirmar que es un serio inconveniente. Bastaría haber desplazado el recorrido algo más hacia el norte para que el problema se hubiera solucionado. Con esta decisión, además, otras localidades próximas, como Xixona o Busot se habrían beneficiado. Lo que sorprende en todo este asunto no es que los técnicos de Fomento ignoren los costes sociales del proyecto. Esto suele ocurrir con frecuencia cuando se batalla contra la Administración. Lo que llama la atención es la descortesía con que el Ministerio viene actuando, sin atender las reclamaciones de los municipios afectados que son, la mayoría de ellas, de una gran sensatez. Mientras la doctrina oficial del Gobierno habla de diálogo, participación de los ciudadanos o democracia activa, nos encontramos en la práctica con que Fomento actúa como si a su frente aún permaneciera Álvarez Cascos. Algo no funciona.

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