Un falso debate
En Cataluña, el debate de la inmigración entra en confluencia con la cuestión de la identidad. Sin mengua de importancia, que sin duda la tiene, la relación que se establece entre la llegada de nuevos ciudadanos y el futuro de la cultura e identidad catalanas, no deja de sorprender que ésta sea la cuestión que los políticos abordan con mayor frecuencia y entusiasmo entre el abanico de urgencias que la inmigración plantea. Cataluña es en la actualidad una sociedad receptora. Volvemos a estar en una época de afluencia migratoria. Un goteo continuo de personas se sucede día a día. Tan sólo en 200...
En Cataluña, el debate de la inmigración entra en confluencia con la cuestión de la identidad. Sin mengua de importancia, que sin duda la tiene, la relación que se establece entre la llegada de nuevos ciudadanos y el futuro de la cultura e identidad catalanas, no deja de sorprender que ésta sea la cuestión que los políticos abordan con mayor frecuencia y entusiasmo entre el abanico de urgencias que la inmigración plantea. Cataluña es en la actualidad una sociedad receptora. Volvemos a estar en una época de afluencia migratoria. Un goteo continuo de personas se sucede día a día. Tan sólo en 2004 han llegado en Cataluña 22.382 nuevos habitantes, una media de 3.000 personas al mes. Las múltiples consecuencias de este momento histórico que vivimos resultan enormes y nuestros ciudadanos demandan respuestas a las muchas situaciones que afectan su cotidianidad. Esto es lo que debemos abordar, aunque venga a contrapelo.
El símil del agua y la sal, desafortunada metáfora del ex presidente Pujol se fundamenta en una falsa premisa: el agua ya era salada mucho antes de la llegada de la nueva inmigración. El debate del mestizaje es un falso debate situado en el terreno de las ideas que interesa básicamente a quien ya tiene solucionadas la mayor parte de necesidades: escuela para los hijos, vivienda digna, posibilidades de entretenimiento, etcétera. Una realidad alejada para una gran cantidad de catalanas y catalanes.
Mientras la identidad aparece en primer plano, los aspectos de política social vinculados a la inmigración pasan a menudo a segundo término. La inmigración pone en evidencia las carencias de nuestro Estado de bienestar. La debilidad de recursos sociales constituye una insalvable dificultad para la integración de los nuevos inmigrantes, habida cuenta de que éstos aterrizan en un contexto previamente atestado de necesidades. Ahora el pastel de las ayudas sociales tiene que compartirse con personas recién llegadas, y si no invertimos más recursos en política social, puede suceder que las ya existentes manifestaciones de descontento y rechazo a la inmigración marquen el inicio de una espiral imparable.
Tampoco hay que olvidar nuestra realidad económica. Los sectores de la construcción, turismo, industria alimentaria, sector agropecuario, comercio y servicios domiciliarios, que en Cataluña concentran la mayor parte de los trabajadores inmigrantes, dependen, hoy por hoy, del factor migratorio. Si en años venideros no se produce la diversificación de dichos sectores y una incorporación en posiciones de mayor calificación, será arduo el tránsito hacia una nueva estructura económica moderna e innovadora no basada tan sólo en bajos costos laborales y bajo valor añadido. Nuestros esfuerzos tienen que convergir en lograr una mejor inserción laboral, aprovechar al máximo el potencial activo de los nuevos trabajadores con mayor formación e invertir en serio en el aprendizaje de las lenguas de la sociedad receptora, sin cuyo dominio la inserción laboral y social resultará ilusoria.
El flujo actual de inmigración tiene que hallar mecanismos de acogida y recepción en consonancia con las necesidades. La persona que llega a Cataluña pierde demasiado tiempo al no recibir una acogida integral. La acogida en Cataluña debe tener por objetivo crear individuos autónomos que conozcan sus derechos y deberes civiles, detectar situaciones de riesgo y disponer de información fidedigna de la realidad. Invertir en acogida es invertir en futuro.
La cuestión de la irregularidad tiene que tratarse con arrojo. Disponer de competencias limitadas no nos exime de responsabilidades. Debemos ejercer una política activa en Madrid, colaborar para hallar soluciones a una situación creada, cogestionar la política de inmigración y activar mecanismos de información, asesoramiento, gestión, control y penalización, con el fin de de incrementar la regularidad, esto es, la seguridad y la estabilidad de nuestro sistema. La inmigración comporta envites de altura. Tendremos que avanzar mucho más y más rápido en permeabilidad y contacto entre las distintas Cataluñas. Con firmeza tenemos que lograr que las diversas realidades entren en contacto sin desconfianza. Una política de vivienda activa permitirá forjar una Cataluña menos segregada.
La igualdad de oportunidades para todas y todos los ciudadanos de Cataluña, provengan de donde provengan, es aún una asignatura pendiente. Es preciso adecuar la sociedad catalana a la diversidad: de su sistema judicial, de su Administración pública y, sobre todo, del conjunto de su ciudadanía. La población mayoritaria ha de desterrar sus perjuicios y miedos y cambiar los valores hacia una percepción de la inmigración más positiva. No podemos exigir nada a quien tiene dificultades para ser tratado, simplemente, como uno más. Dicho esto, si queremos abordar el debate de la identidad, habrá que llevarlo a cabo con seriedad, teniendo en cuenta que la sociedad catalana, su lengua y su identidad, al ser realidades vivas que coexisten en un mundo global, se encuentran ante un nuevo reto: hacerse atractivas para un mayor número de personas, con un grado mayor de diversidad. Los inmigrantes se encuentran en medio de un conflicto político entre dos naciones. Pero ellos ni son el problema ni los responsables y, en todo caso, poden ser una solución. Cataluña se enfrenta a un reto, eso es cierto. Pero no porque su esencia roce la extinción, sino por la ruptura de la coexistencia entre catalanes nuevos y viejos, por una política social insuficiente, por unos barrios segregados, por un desconocimiento de las aportaciones de la inmigración, por un deficiente sistema de gestión de los flujos migratorios y porque una parte de la población catalana que proviene de la inmigración no se siente parte activa del proyecto social y político de Cataluña. Estos son los verdaderos riesgos. En el pasado, nunca se han querido asumir. El nuevo Gobierno lo hará.
Adela Ros, secretaria para la Inmigración de la Generalitat