El fiscal balear no ve responsabilidad penal en el 'caso Rasputín'

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Bartolomé Barceló, decidió ayer archivar las diligencias informativas sobre el llamado caso Rasputín, iniciadas a principios de julio a raíz del intento de pago por parte de una delegación del Gobierno balear de siete entradas para un club de alterne de Moscú a cargo del erario público. La fiscalía, que ha celebrado las ruedas de interrogatorios, anunció ayer el cierre de las pesquisas descartando "toda responsabilidad penal en los hechos denunciados".

El pasado mes de febrero, miembros de una delegación del Gobierno b...

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Bartolomé Barceló, decidió ayer archivar las diligencias informativas sobre el llamado caso Rasputín, iniciadas a principios de julio a raíz del intento de pago por parte de una delegación del Gobierno balear de siete entradas para un club de alterne de Moscú a cargo del erario público. La fiscalía, que ha celebrado las ruedas de interrogatorios, anunció ayer el cierre de las pesquisas descartando "toda responsabilidad penal en los hechos denunciados".

El pasado mes de febrero, miembros de una delegación del Gobierno balear, del PP, en visita oficial a la capital rusa, se relajó durante más de una hora en uno de los más célebres locales eróticos de la ciudad, el Club Rasputín. En las facturas del viaje oficial se incluyeron después los resguardos de los gastos efectuados en el club.

La irregularidad le costó el cargo al entonces director general del Instituto Balear de Turismo, Juan Carlos Alía, que presentó su dimisión y calificó de "error administrativo" la presentación de los justificantes de las entradas. Desde entonces, el Gobierno autonómico ha eludido concretar la identidad de las siete personas que visitaron el Club Rasputín, si bien el presidente balear Jaume Matas, que encabezó la visita oficial a Moscú, negó su participación en la juerga y dio el caso por cerrado con la dimisión de Alía.

El revuelo que se desató al conocerse el caso llevó al grupo feminista Lobby de Dones de Mallorca a presentar ante el fiscal jefe de Baleares una petición de investigación por posible malversación de caudales públicos.