El pleno del Congreso debatirá este mes el escándalo

El caso Yak-42, es decir, la gestión del trasporte de los militares españoles enviados a Afganistán antes y después del accidente del 26 de mayo de 2003, se debatirá en el pleno del Congreso antes de que acabe septiembre, según afirmó ayer un portavoz del Gobierno, reiterando el anuncio realizado antes del verano.

El pasado 7 de julio el ministro José Bono presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso un demoledor informe sobre el siniestro. La parte más revaladora fue la que se refería al proceso de identificación de los cuerpos.

"Se quería cumplir con un horario di...

El caso Yak-42, es decir, la gestión del trasporte de los militares españoles enviados a Afganistán antes y después del accidente del 26 de mayo de 2003, se debatirá en el pleno del Congreso antes de que acabe septiembre, según afirmó ayer un portavoz del Gobierno, reiterando el anuncio realizado antes del verano.

El pasado 7 de julio el ministro José Bono presentó ante la Comisión de Defensa del Congreso un demoledor informe sobre el siniestro. La parte más revaladora fue la que se refería al proceso de identificación de los cuerpos.

"Se quería cumplir con un horario disparatado por la rapidez que se quiso imprimir al proceso", afirmó el ministro. "Probablemente los médicos [militares españoles] recibieron la orden de ultimar la identificación de los restos y, sin ninguna probabilidad, con toda seguridad, de tramitar con urgencia el regreso de todos ellos y actuaron con prisas; no me cabe la menor duda", agregó Bono.

En contra de lo que se había dicho, Bono explicó que los médicos militares enviados por Defensa para colaborar en la identificación de los cadáveres no pudieron intervenir desde que llegaron al tanatorio, a las 19.30 del 26 de mayo, hasta que les entregaron los restos, a las 2.20 del 28, pues las autoridades turcas se lo impidieron, por lo que se limitaron a actuar como observadores.

El funeral de Torrejón

Pese a ello, Defensa decidió desactivar el equipo de la Guardia Civil que estaba preparado desde la tarde del día 26 para acudir a Turquía con muestras dentarias y ADN de los fallecidos, con el argumento de que las identificaciones se realizaban sin problemas y su aportación no resultaba necesaria.

Una vez en Madrid, no se permitió a las familias que abrieran los ataúdes y los certificados de defunción se expidieron sin que las muertes estuviesen inscritas en el registro consular. Hubo que recurrir a un juez militar para que autorizase los enterramientos, al negarse a hacerlo el de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Poco antes de comparecer en el Congreso, Bono reunió a los militares que se vieron implicados en el operativo. En el acta de dicha reunión consta que uno de los patólogos militares que acompañaron a Turquía a los generales reconoció que "hubieran necesitado más tiempo" para las identificaciones, "pero sabían que había un funeral el día 28 por la tarde [en la base de Torrejón, con presencia del Rey y Aznar] y que los cadáveres tenían que estar en el funeral".

Bono no mencionó a su antecesor, Trillo-Figueroa, pero sí aludió a él cuando dijo: "No sería justo que se mire sólo a los militares cuando de errores se trata".