Irregulares que cotizan a la Seguridad Social

Hace más de un año, el nigeriano Nureni Ambaliu vendía El Colectivo, un periódico editado en Sevilla por una asociación de inmigrantes, en uno de los semáforos cercanos al Alamillo, el puente de un solo tirante diseñado por Santiago Calatrava para la Expo del 92. Cuando le ofreció un ejemplar a José María Eslava, que conducía su coche mientras barruntaba sobre el nuevo plantón que le habían dado algunos empleados, el empresario rechazó la publicación, pero le preguntó a bocajarro si quería trabajo. "Le dije sí, claro", recuerda Ambaliu. Una escena peliculera, que ambos relatan entre son...

Hace más de un año, el nigeriano Nureni Ambaliu vendía El Colectivo, un periódico editado en Sevilla por una asociación de inmigrantes, en uno de los semáforos cercanos al Alamillo, el puente de un solo tirante diseñado por Santiago Calatrava para la Expo del 92. Cuando le ofreció un ejemplar a José María Eslava, que conducía su coche mientras barruntaba sobre el nuevo plantón que le habían dado algunos empleados, el empresario rechazó la publicación, pero le preguntó a bocajarro si quería trabajo. "Le dije sí, claro", recuerda Ambaliu. Una escena peliculera, que ambos relatan entre sonrisas.

José María Eslava Antolí, de 32 años, estaba harto de las espantadas de algunos trabajadores españoles. "Pagamos bien, por encima del convenio de alimentación, pero es un trabajo muy monótono y no aguantan", expone. La empresa Almesan, fundada a medias en Mairena del Aljarafe (Sevilla) con Manuel Álvarez Mellado, se dedica a preparar patatas y otras hortalizas para suministrarlas a los restaurantes peladas y cortadas, listas para cocinar. Los turnos de trabajo, en temporada alta, pueden ser de 12 horas. Por una jornada normal, un empleado percibe 720 euros al mes, a los que se suman cinco euros por cada hora extraordinaria.

"No me parece bien que me obliguen a contratar a un español, lo suyo es libertad para elegir"

"Sin papeles no puedes hacer nada, ni comprar [un coche] ni sacar el carné de conducir"

En el encuentro del semáforo, Eslava le pidió al vendedor callejero que además buscase algún amigo interesado en trabajar. "Le entró una gran alegría y luego durante días estuvieron canturreando en la empresa, cuando le pregunté qué decían me dijeron que eran cánticos de agradecimiento", recuerda Eslava.

Después de cuatro años de estancia en España, Nureni Ambaliu, de 25 años, y su amigo Laurence Abass, de 26, habían tenido permisos de residencia por circunstancias excepcionales, que caducaron a principios de 2003. Y así siguen. Pertenecen a ese grupo de inmigrantes que han estado regularizados pero que la lentitud de la maquinaria burocrática les ha forzado a traspasar de nuevo la frontera en sentido inverso. Primero porque en verdad carecían de un trabajo que justificase la renovación, y después porque, aún con empleo y contrato indefinido, siguen sin recibir el permiso de trabajo y de residencia. Por ello, la situación de Ambaliu y Abass resulta sorprendente: cotizantes de alta en la Seguridad Social que, a efectos policiales, son irregulares.

Parece ilógico, pero es "frecuente", según el abogado Santiago Yerga, especializado en temas de extranjería. "Hay una laguna en el sistema informático de la Seguridad Social que acepta las altas telemáticas en cuanto introduces el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) ", explica el letrado. Al no cruzarse los datos de los ficheros de la Seguridad Social con los del Ministerio del Interior se posibilita que cualquier extranjero con NIE, el equivalente al DNI de los españoles, puede ser dado de alta, según Yerga.

Al empresario José María Eslava le parece un "abuso" pagar las cotizaciones sociales y, sin embargo, que los trabajadores no tengan permisos. "No se los deniegan, pero les ponen trabas, siempre les dicen que se los están tramitando", comenta Eslava.

"Sin papeles no puedes hacer nada, no puedes comprar [un coche o una casa] ni sacar el carné de conducir", se queja Abass. "Es mucho tiempo esperando", insiste. Una espera larga para tranquilizarse pero también para resolver un montón de operaciones condicionadas a la legalidad administrativa: los nigerianos tampoco lograron alquilar un piso hasta que su jefe se ofreció a avalarlos.

Almesan, fundada en 1997, cuenta con 13 personas en plantilla, entre ellas cinco extranjeros. Además de Abass y Ambaliu, también trabajan una mujer de Sierra Leona, un colombiano y otro nigeriano, todos ellos con papeles. Los empleados, por igual, disponen de un contrato indefinido. Además, Eslava pelea contra infinidad de trabas burocráticas desde hace meses para contratar a otros cinco colombianos que están en su país. "No me parece bien que me obliguen a contratar a un español, lo suyo es que yo tenga libertad de elegir a quién quiero", concluye.