El Ejecutivo catalán retira 7 recursos contra el Gobierno ante el Constitucional

El Gobierno catalán acordó ayer la retirada de siete recursos de competencia contra el Ejecutivo central que se arrastraban desde hace años en el Tribunal Constitucional. Ninguno de los recursos tiene por sí mismo una gran trascendencia, pero el gesto tiene importancia simbólica: quiere subrayar el buen entendimiento entre el Gobierno central y la Generalitat a las puertas de abordar debates tan importantes como la reforma del Estatut, de la Constitución y del sistema de financiación autonómica.

En el tramo final de la pasada legislatura el número de recursos creció por ambas vías. El G...

El Gobierno catalán acordó ayer la retirada de siete recursos de competencia contra el Ejecutivo central que se arrastraban desde hace años en el Tribunal Constitucional. Ninguno de los recursos tiene por sí mismo una gran trascendencia, pero el gesto tiene importancia simbólica: quiere subrayar el buen entendimiento entre el Gobierno central y la Generalitat a las puertas de abordar debates tan importantes como la reforma del Estatut, de la Constitución y del sistema de financiación autonómica.

En el tramo final de la pasada legislatura el número de recursos creció por ambas vías. El Gobierno del Partido Popular (PP) recurría contra normas de la Generalitat y el Ejecutivo de Convergència i Unió (CiU) hacía lo propio con decretos impulsados por José María Aznar. Ahora la situación es la inversa.Tras tomar posesión, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya anunció la retirada de al menos 80 de los 300 recursos presentados contra leyes autonómicas.

Los conflictos retirados ahora por la Generalitat fueron presentados entre 1994 y 2000. Son los siguientes: estatuto regulador de la distribución de carburante y combustibles petrolíferos, plan nacional de evaluación de la calidad de las universidades, ayudas a las actividades mineras no energéticas, ayudas a la reindustrialización, selección para el ingreso en los centros universitarios, concesiones de radiodifusión digital, y complemento de destino de determinados funcionarios. En todos los casos el Gobierno catalán considera periclitados los motivos que llevaron a la presentación del recurso.

Pese al nuevo clima de entendimiento, el Gobierno catalán planteó ayer otro conflicto por una orden reciente del Ministerio de Justicia para proveer determinadas plazas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y también subvencionó con 550.000 euros a la Federación Catalana de Patinaje para promover la participación de sus equipos en competiciones oficiales, una posibilidad que inquieta al Ejecutivo del PSOE.

Oficina en París

El Gobierno de la Generalitat aprovechó su primera reunión tras las vacaciones de verano para reestructurar La Maison de la Catalogne en París y convertirla en oficina de la Generalitat en la capital de Francia. La institución quedará adscrita a Presidencia y no servirá sólo para promocionar Cataluña, sino que también representará al Gobierno catalán siguiendo el esquema de las oficinas de Madrid y Bruselas. El centro lo dirigirá la periodista Montserrat Casals. El Ejecutivo también nombró ayer a Josep Canicio como presidente del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro.

El Consell Executiu acordó ayer la convocatoria de un concurso para contratar los servicios de telecomunicaciones de voz y datos de la Administración catalana, que actualmente tiene Al-pi. El contrato se adjudicó en 1998 y fue prorrogado hasta diciembre de 2005.

Se da la circunstancia de que la Generalitat posee una participación del 25% en Al-pi, mientras que el 75% restante está en manos de Uni2, la filial española de France Telecom. Al-pi nació como operador catalán especializado en empresas tras la privatización de la sociedad Catalana de Telecomunicaciones, desgajada del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.

La importancia de este contrato es clave para el operador catalán porque el 35% de sus ingresos aún dependen del acuerdo con el Gobierno catalán, al que Al-pi proporciona servicios de voz y de datos, además de controlar la red de telecomunicaciones del Departamento de Justicia y una parte de los servicios del de Salud. Al-pi, que ha sufrido varias crisis, cerró el ejercicio de 2003 con unas pérdidas de 200.000 euros y una facturación de 48,4 millones de euros.

Fuentes del sector consultadas por la agencia Efe han cifrado el montante económico de este contrato en unos 18 millones de euros anuales, aunque la cifra final dependerá de las ofertas que reciba la Generalitat. El Ejecutivo señala que el nuevo concurso obligará a construir una oferta homogénea de servicios de telecomunicaciones y a definir el plan de evolución de la red en el horizonte 2006-2009, entre otros aspectos.