Desarticulada en Lleida una red que obligaba a inmigrantes a prostituirse

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una red internacional de trata de blancas que supuestamente obligaba a mujeres sin papeles, principalmente de nacionalidad brasileña, a ejercer la prostitución en locales de alterne de la provincia de Lleida. La operación, que sigue abierta, se ha saldado con la detención de 21 personas y el registro de cuatro clubes en Térmens (Noguera), Tàrrega (Urgell) y Lleida (Segrià) y una veintena de pisos particulares.

Entre los detenidos figuran los 10 responsables de introducir en España a las mujeres, a las que explotaban sexualmente, y ta...

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El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una red internacional de trata de blancas que supuestamente obligaba a mujeres sin papeles, principalmente de nacionalidad brasileña, a ejercer la prostitución en locales de alterne de la provincia de Lleida. La operación, que sigue abierta, se ha saldado con la detención de 21 personas y el registro de cuatro clubes en Térmens (Noguera), Tàrrega (Urgell) y Lleida (Segrià) y una veintena de pisos particulares.

Entre los detenidos figuran los 10 responsables de introducir en España a las mujeres, a las que explotaban sexualmente, y también algunas de estas inmigrantes que se encontraban en los burdeles y que carecían de los permisos para residir y trabajar en España.

La investigación se inició a principios de año al detectar la entrada, por el aeropuerto de El Prat, de mujeres que venían en vuelos interiores del espacio Schengen. Según fuentes policiales, más de un centenar de mujeres víctimas de esta red pudieron ser introducidas procedentes de Brasil. Una vez captadas en ese país, se les hacía firmar un documento equivalente a una letra de cambio, llamada promisoria, en concepto de deuda contraída con la organización y ejecutable mediante letrado en caso de impago.

Las mujeres eran informadas de que en España iban a ganar mucho dinero pero, a su llegada, un miembro de la red las recogía y de camino a su lugar de trabajo les explicaba en tono amenazante en qué iba a consistir éste y las reglas que debían seguir: las víctimas tenían que devolver 2.500 euros, estar un mínimo de 90 días trabajando, pagar 50 euros diarios de gastos y no salir del club, donde estaban sometidas a una vigilancia férrea.

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