Una asociación denuncia que en la huerta de Catral proliferan las casas ilegales

La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) denuncia la proliferación de decenas de construcciones clandestinas en plena huerta de la Vega Baja, al margen de los planeamientos urbanos locales y la normativa urbanística. La entidad, especializada en supuestos abusos urbanísticos, subraya que esta situación es "extremadamente" grave en Catral, donde se contabiliza al menos un centenar de casas rurales ilegales. AECU acusa al alcalde, José Manuel Rodríguez, de "pasividad y complicidad", ya que algunas casas las promueven mercantiles de sus familiares.

El primer edil, José Manue...

La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) denuncia la proliferación de decenas de construcciones clandestinas en plena huerta de la Vega Baja, al margen de los planeamientos urbanos locales y la normativa urbanística. La entidad, especializada en supuestos abusos urbanísticos, subraya que esta situación es "extremadamente" grave en Catral, donde se contabiliza al menos un centenar de casas rurales ilegales. AECU acusa al alcalde, José Manuel Rodríguez, de "pasividad y complicidad", ya que algunas casas las promueven mercantiles de sus familiares.

El primer edil, José Manuel Rodríguez, del PSPV, admite la proliferación de este tipo de viviendas ilegales pero explica que son "debidas a la carencia de suelo urbanizable y la presión de los promotores", matiza. "Todas las construcciones están expedientadas", añade Rodríguez, que también asume en declaraciones a EL PAÍS que entre los promotores implicados se encuentra una mercantil de su cuñado.

Honorio Fernández, presidente de AECU -entidad de ámbito estatal constituida en 1996 y que en la actualidad cuenta con cerca de un millar y medio de asociados- califica de "mafia urbanística" el negocio creado en torno a la construcción ilegal en el área rural de la comarca alicantina de la Vega Baja. "El origen del problema es la probada ineficacia casi total de alcaldes y ayuntamientos para hacer cumplir la ley a los especuladores", afirma Fernández intentando buscar a los responsables de la situación. "Son muchos los casos donde se reiteran las denuncias, se abren expedientes durante años y, sin embargo, los infractores continúan impunemente adelante con su núcleos urbanos ilegales y sus construcciones", añade.

Para el dirigente de AECU, el caso más flagrante es el de Catral. Fernández mantiene que en este municipio, de unos 5.200 habitantes, el alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez, "fomenta y encubre desde hace años la especulación urbanística ilegal en el medio rural, al margen de las leyes valencianas de la Actividad Urbanística y del Suelo No Urbanizable", dice.

"Este alcalde debería ser inhabilitado y expulsado del partido socialista", añade el representante de la asociación. AECU asegura que, "con la pasividad y complicidad del Ayuntamiento" se sigue construyendo en zonas rurales del término de Catral, como las partidas del Arrendador, Los Vera o en Riego de Arroba del Palomar.

La entidad acusa al Ayuntamiento de permitir edificaciones sin licencia de construcción ni autorización de la Generalitat. AECU asegura que entre los promotores, se encuentra la mercantil Araez Hijos, SL, propiedad de Joaquín Araez Roca, cuñado del alcalde.

El alcalde reconoce la construcción clandestina en el término municipal y la achaca a la carencia del suelo urbanizable, la presión de los promotores ante la creciente demanda de los compradores y la tendencia de los propietarios a vender sus terrenos ante las escasas expectativas de la actividad agrícola en la zona. "No obstante, en todos los casos en que se ha detectado una construcción ilegal se ha abierto el correspondiente expediente, aunque es muy difícil frenar el proceso, porque paralizas una obra y comienza otra en otro punto", afirma Rodríguez. El primer edil subraya que el problema de la proliferación de casas rurales clandestinas desaparecerá con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluye la recalificación como suelo urbanizable de 1,6 millones de metros cuadrados en la actualidad rústicos.

Rodríguez también subraya que el objetivo del nuevo PGOU es "legalizar" todas estas construcciones ya ejecutadas. El alcalde admite que entre los promotores se encuentra su cuñado. "Es un promotor más de la zona, y no puedo impedir que construya y cuando lo hace ilegalmente se le abre un expediente como al resto", asegura el primer edil.