Juristas expertos critican la ley integral porque da protección penal por ser mujer
El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por más de 150 penalistas -en su mayoría catedráticos, seguidos de jueces- ha objetado el proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, entre otros motivos, porque introduce una protección penal reforzada en favor de la mujer, sólo por serlo. Dicho colectivo cuestiona la criminalización que hace la futura ley de todo el espacio familiar.
La junta directiva del grupo ha remitido a sus integrantes un manifiesto sobre el mencionado proyecto de ley -que ayer todavía no había entrado en el Congreso de los Diputados-, a p...
El Grupo de Estudios de Política Criminal, integrado por más de 150 penalistas -en su mayoría catedráticos, seguidos de jueces- ha objetado el proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, entre otros motivos, porque introduce una protección penal reforzada en favor de la mujer, sólo por serlo. Dicho colectivo cuestiona la criminalización que hace la futura ley de todo el espacio familiar.
La junta directiva del grupo ha remitido a sus integrantes un manifiesto sobre el mencionado proyecto de ley -que ayer todavía no había entrado en el Congreso de los Diputados-, a partir del cual se elaborará un documento más detallado. En la elaboración del manifiesto han participado los catedráticos de Derecho Penal Carmen Lamarca, Josep María Tamarit, Adela Asua, Juan Carlos Carbonell, Octavio García, José Luis Díez Ripollés y Carlos Martínez Buján; los magistrados José Ricardo de Prada, Ramón Sáez y Carmen Sánchez Albornoz, y el fiscal Félix Pantoja, vocal del Consejo General del Poder Judicial propuesto por IU.
El manifiesto lamenta que "la acertada iniciativa encaminada a (...) resolver esa lacra social, se haya visto oscurecida y distorsionada por la, al parecer irrefrenable, tentación de seguir abusando de las intervenciones penales para intentar resolver, ingenuamente, problemas sociales".
Discriminación penal
El colectivo de juristas estima que la discriminación positiva es procedente para desarrollar políticas sociales, "pero no encuentra fácil acomodo dentro de los fines propios del derecho penal".
Así, el manifiesto razona que cuando hay sujetos más vulnerables a sufrir una lesión de determinados intereses, "la ley penal debe dejar claro que la protección reforzada se debe a la mayor vulnerabilidad de esas personas y no al mero hecho de pertenecer a un determinado género", como hace el proyecto de ley respecto a las lesiones agravadas, las coacciones y las amenazas.
La transformación de las coacciones o amenazas leves en delito por ser la víctima una mujer "significa una criminalización irrealizable y disfuncional de todo el espacio familiar, cuya improbable puesta en práctica exige la generalización de una auténtica e invasiva policía de buenas costumbres", agrega el manifiesto.
El grupo critica que la iniciativa del Gobierno socialista "supone la continuidad de las políticas elaboradas por el anterior Gobierno en el último tramo de la legislatura, que se caracterizaron por un uso desmedido y autoritario del derecho penal".
El Grupo de Estudios de Política Criminal ha elaborado desde 1989 documentos en favor de la legalización de las drogas, despenalización de la eutanasia y de la objeción de conciencia, así como ha criticado el retroceso democrático de las reformas penales.