Buen sentido
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha actuado con buen sentido al no forzar una ampliación del plazo de 15 días de que dispone para emitir su informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley integral contra la violencia ejercida contra las mujeres, como pretendía la mayoría de vocales conservadores que integran su Comisión de Estudios. El órgano de gobierno de los jueces no sólo ha hecho lo correcto y habitual en un órgano consultivo -respetar los plazos y no interferir en la iniciativa legislativa del Gobierno, sobre todo si es urgente-, sino que ha evitado un gesto que podría ser...
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha actuado con buen sentido al no forzar una ampliación del plazo de 15 días de que dispone para emitir su informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley integral contra la violencia ejercida contra las mujeres, como pretendía la mayoría de vocales conservadores que integran su Comisión de Estudios. El órgano de gobierno de los jueces no sólo ha hecho lo correcto y habitual en un órgano consultivo -respetar los plazos y no interferir en la iniciativa legislativa del Gobierno, sobre todo si es urgente-, sino que ha evitado un gesto que podría ser interpretado como un pulso al Ejecutivo.
El Gobierno dispondrá del informe el próximo día 25, fecha prevista para remitir su anteproyecto de ley integral al Congreso. Aunque no sea vinculante, el informe debería ser estudiado con atención, dada la multiplicidad de materias a las que afecta, e incluso tener en cuenta sus indicaciones para que la futura ley tenga el más amplio consenso social y parlamentario.
La discriminación positiva a favor de la mujer, aspecto esencial del anteproyecto, no debería plantear en principio problemas legales insalvables, pues tanto la Constitución como los tratados internacionales y el propio Tribunal Constitucional la justifican respecto de aquellos colectivos que sufren históricamente situaciones de desigualdad e inferioridad. Pero puede plantearlos en el ámbito del derecho penal, a pesar de que la mujer sufre especialmente esa situación en las relaciones de pareja. El reguero de mujeres asesinadas y el hecho de que el 90% de los denunciantes de malos tratos son mujeres lo ponen trágicamente de manifiesto.
El bien jurídico fundamental que la futura ley debe proteger es la vida y la integridad física de la mujer, amenazadas en el contexto de violencia que se genera en el ámbito doméstico. Pero esta protección debe ser compatible con el adecuado amparo penal del resto de integrantes del grupo familiar, víctimas potenciales también del mismo tipo de violencia, como los hijos menores de edad. También los varones en todo tipo de parejas o familias deben tener derecho a esta protección. La ley integral contra la violencia doméstica debería nacer con un fundamento jurídico impecable y con la mayor aceptación social posible.