Las factorías gaditanas de Izar construirán dos catamaranes de pasajeros para la bahía

La Junta invertirá entre 2,4 y 3 millones de euros en los nuevos buques

La Junta encargará al grupo naval Izar la construcción de dos catamaranes de pasajeros que cubran, a partir de la primavera de 2005, la línea marítima entre Cádiz y El Puerto de Santa María. El objetivo del Gobierno andaluz es que estos barcos, con una capacidad para llevar hasta 150 personas cada uno, se construyan en alguna de las tres factorías de gaditanas. Cada uno de estos barcos puede costar entre 1,2 y 1,5 millones de euros.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Consorcio Metropolitano del Transporte de la Bahía de Cádiz (integrado por la Junta y por los siete ayunt...

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La Junta encargará al grupo naval Izar la construcción de dos catamaranes de pasajeros que cubran, a partir de la primavera de 2005, la línea marítima entre Cádiz y El Puerto de Santa María. El objetivo del Gobierno andaluz es que estos barcos, con una capacidad para llevar hasta 150 personas cada uno, se construyan en alguna de las tres factorías de gaditanas. Cada uno de estos barcos puede costar entre 1,2 y 1,5 millones de euros.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Consorcio Metropolitano del Transporte de la Bahía de Cádiz (integrado por la Junta y por los siete ayuntamientos de esta comarca, donde residen 700.000 habitantes) proyectan crear una línea marítima permanente que conecte la ciudad de Cádiz con algunos municipios de la Bahía con el objetivo de descongestionar el tráfico rodado por las carreteras de esta zona, donde se contabilizan más de 150.000 desplazamientos diarios entre Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, Jerez, San Fernando y Chiclana.

Casi la mitad de estos movimientos corresponden a los conductores que utilizan con su vehículo privado los dos únicos accesos de la capital gaditana: el puente José León de Carranza (por donde circulan 38.000 vehículos cada día) y la A-4 desde San Fernando.

Todas las experiencias marítimas auspiciadas hasta la fecha por la iniciativa privada han fracasado estrepitosamente por tres causas fundamentales, según los técnicos: la escasa conciencia del gaditano para desplazarse por vía marítima, el elevado precio de los billetes y el insuficiente número de recorridos diarios. Para superar estas carencias, la delegación de Obras Públicas y Transportes de Cádiz quiere impulsar un servicio que se ajuste a las necesidades de los usuarios, costeando los barcos y parte de los gastos iniciales de este servicio.

Por otra parte, la Diputación de Cádiz apoyará cualquier acuerdo que alcancen los sindicatos de las tres factorías gaditanas y la SEPI sobre la carga de trabajo y el mantenimiento de los empleos. Así se decidió ayer durante el pleno, en el que se presentó una proposición conjunta que aprobaron todos los grupos menos el PP. En la propuesta también se incluye instar al Gobierno central a que medie en la Unión Europea para que ésta "flexibilice su postura en relación a los astilleros españoles".

Los grupos que votaron a favor del escrito defendieron que los sindicatos son los que deben marcar la pauta en las negociaciones y los que deben decidir sobre el futuro de las factorías y los trabajadores.

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Los populares se mostraron contrarios al escrito por considerarlo demasiado "light". A cambio presentaron una propuesta para exigir al Gobierno central que garantizara la conservación de todos los puestos de trabajo dentro del grupo Izar y la estructura de las factorías de la Bahía de Cádiz. Esta petición fue rechazada.

El presidente del comité de Cádiz, Jesús Gargallo, intervino ante los diputados tras finalizar el pleno. Gargallo dirigió palabras muy duras a los políticos y a los medios de comunicación: "Dejen de utilizar nuestros puestos de trabajo como arma arrojadiza electoral. Estamos hartos".

La situación que viven los astilleros es, según él, consecuencia de la guerra "política y mediática". Pidió tiempo para negociar y afirmó que agotarán "la vía del diálogo" y que no durarán en salir de nuevo a la calle a protestar cuando quieran los trabajadores, "no cuando quieran los políticos".

PP y PSOE recibieron las mayores críticas. "Aunque el PP nos salvó el pellejo con las ayudas, la situación actual es su responsabilidad", dijo. También reprochó al ministro de Economía, Pedro Solbes, la "actitud" servil que está mostrando en Bruselas.

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