Una juez de EE UU declara anticonstitucional la prohibición del aborto parcial
La prohibición del aborto parcial -interrupción del embarazo en gestación avanzada- impuesta por ley por la Administración Bush es inconstitucional porque atenta contra el derecho de las mujeres a elegir. Así de claro lo dejó ayer la juez Phyllis Hamilton, desde la ciudad de San Francisco (California), en una sentencia que tendrá consecuencias legales importantes en todo los Estados Unidos y que supone un serio revés a la política que se gesta desde la Casa Blanca, a apenas cinco meses de las elecciones presidenciales de noviembre.
Es la primera sentencia de este tipo sobre los tres rec...
La prohibición del aborto parcial -interrupción del embarazo en gestación avanzada- impuesta por ley por la Administración Bush es inconstitucional porque atenta contra el derecho de las mujeres a elegir. Así de claro lo dejó ayer la juez Phyllis Hamilton, desde la ciudad de San Francisco (California), en una sentencia que tendrá consecuencias legales importantes en todo los Estados Unidos y que supone un serio revés a la política que se gesta desde la Casa Blanca, a apenas cinco meses de las elecciones presidenciales de noviembre.
Es la primera sentencia de este tipo sobre los tres recursos presentados hasta la fecha por grupos de defensa del aborto contra la legislación diseñada bajo la batuta del presidente George Bush. La ley fue promulgada en noviembre pasado. Según la juez Hamilton, "la Ley representa una carga adicional en el derecho de la mujer a abortar" y señaló además que no se establecen excepciones cuando las mujeres están en peligro de salud como consecuencia del embarazo. De esta manera, la legislación por la que se prohíbe el aborto parcial queda bloqueada de forma permanente.
La legislación adoptada por la Casa Blanca prohíbe el aborto en embarazos que se encuentran en el quinto mes de gestación. Se calcula que en EE UU se producen al año entre 2.200 y 5.000 interrupciones del embarazo de este tipo, sobre un total de 1,3 millones. La legislación castiga a los doctores que recurren a este procedimiento y su lenguaje criminaliza a las mujeres que acuden a este tipo de técnica. La decisión de Hamilton afecta a 900 centros del país donde se realiza este tipo de abortos.