La fiscalía imputa tres graves delitos al alcalde de Pinto

La fiscalía de Madrid imputa delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias al alcalde de Pinto, el socialista Antonio Fernández González, y a otras 15 personas (entre ellas, tres concejales). La fiscalía ha formulado tales imputaciones después de que el juzgado de Parla que investiga a Fernández haya emitido un informe en el que pide al fiscal que concrete los delitos y los hechos y en el que recuerda "la trascendencia y perjuicios que viene a tener la imputación en un proceso penal para personas que desempeñan cargos públicos, como es el alcalde de Pinto".

El alcalde de Pi...

La fiscalía de Madrid imputa delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias al alcalde de Pinto, el socialista Antonio Fernández González, y a otras 15 personas (entre ellas, tres concejales). La fiscalía ha formulado tales imputaciones después de que el juzgado de Parla que investiga a Fernández haya emitido un informe en el que pide al fiscal que concrete los delitos y los hechos y en el que recuerda "la trascendencia y perjuicios que viene a tener la imputación en un proceso penal para personas que desempeñan cargos públicos, como es el alcalde de Pinto".

El alcalde de Pinto ( 34.000 habitantes) es investigado en la actualidad merced a una denuncia que interpuso el pasado enero la Fiscalía de Urbanismo de Madrid, que dirige Emilio Valerio. En ella se asegura que el regidor de Pinto ha tomado decisiones urbanísticas que han favorecido económicamente, entre los años 1999 y 2002, "a su amigo" el arquitecto técnico y también denunciado Francisco Blanco. Según indica el fiscal en la denuncia, Blanco, como compensación a los favores urbanísticos del alcalde, regaló un importante patrimonio a una sociedad constituida por dos hermanos del regidor, lo que habría enriquecido a éstos y al propio alcalde.

El Juzgado de Instrucción 2 de Parla, que investiga el caso, ha redactado una providencia en la que entiende que la fiscalía no concreta en la querella "de una manera circunstanciada y concreta qué hechos punibles o delitos se imputan a cada uno de los 16 denunciados, cuando a alguno", señala el juez, "ni siquiera se le tomó declaración en las diligencias de investigación que efectuó el ministerio fiscal con el número 126/2003". De ahí que el juez recuerde "el perjuicio" que se puede ocasionar "a personas que desempeñan funciones públicas".

También deja entrever el juez que no es la jurisdicción penal la competente para "depurar meras irregularidades administrativas". Además, añade que la toma de declaración en calidad de imputados de los denunciados "dependerá del resultado del informe" que le remita el fiscal y en el que se deben concretar los hechos y sus presuntos autores.

El escrito del juez ha causado "asombro" en la fiscalía. Ésta ha redactado otro informe en el que le transcribe literalmente parte del contenido íntegro de la denuncia -la referida a los hechos- que ya interpuso en su día, y señala que las apreciaciones del juez son "absolutamente contrarias a toda lógica". "Basta que el instructor lea la denuncia", replica la fiscalía, "para advertir la inconsistencia" de sus afirmaciones.

La fiscalía se muestra "asombrada", dice, por el escrito en el que el juez alude al principio jurídico de la intervención mínima del derecho penal y sugiere que los hechos pueden ser "meras irregularidades administrativas". En la denuncia la fiscalía indicó que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra la Administración pública. Ahora, en este nuevo informe, lo concreta aún más y señala que los hechos que habrán de ser objeto de investigación son "los de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación". Además, recuerda que "no existe ningún principio del orden penal o constitucional que exima al alcalde de Pinto de responder de hechos que pueden ser constitutivos de delitos contra la Administración pública, delito", sostiene, "cuya inclusión en el Código Penal siempre causará perjuicios a las autoridades públicas".

"Denuncia imprecisa"

En la denuncia, el fiscal señala que Fernández ha usado durante su mandato dos métodos para favorecer los intereses de "su amigo". "Entre 1997 y hasta finales de 1999", el arquitecto recibió adjudicaciones municipales directas "de la práctica totalidad de las direcciones facultativas de obras", adjudicaciones que, según el fiscal, vulneraron la normativa sobre contrataciones. El segundo método, según el fiscal, se inicia a partir de 1998, cuando el alcalde puso en marcha procedimientos urgentes de obras y privatizó el sistema de contratación pública de las mismas para crear la mercantil Aserpinto y eludir así la normativa que rige las contrataciones. El fiscal alude a "donaciones encubiertas" hechas por el arquitecto a firmas comerciales de dos hermanos del alcalde. El fiscal asegura que tales donaciones se han presentado formalmente "como operaciones onerosas".

El alcalde se ha mostrado "indignado", aunque "tranquilo", con esta denuncia, que, según ha explicado, está llena "de imprecisiones y falta de rigor". Tras conocer la denuncia, señaló a EL PAÍS que tenía "la conciencia muy tranquila" porque todos los pasos dados cuentan con el aval de los técnicos. El alcalde está convencido de que "demostrará su inocencia" si es llamado a declarar.