Las sentencias de suspensión de licencias dejan en el limbo jurídico a miles de casas en Marbella

Las 14 sentencias dictadas desde noviembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulan licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella para miles de viviendas que están ya construidas, habitadas y, en algunos casos vendidas de segunda mano, abren un reto complicado. Las administraciones públicas están obligadas ahora a buscar fórmulas para que se restituya la legalidad, pero que sean respetuosas al mismo tiempo con los derechos de los propietarios, ajenos a unos contenciosos de los que ahora resultan principales perjudicados.

La última senten...

Las 14 sentencias dictadas desde noviembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulan licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella para miles de viviendas que están ya construidas, habitadas y, en algunos casos vendidas de segunda mano, abren un reto complicado. Las administraciones públicas están obligadas ahora a buscar fórmulas para que se restituya la legalidad, pero que sean respetuosas al mismo tiempo con los derechos de los propietarios, ajenos a unos contenciosos de los que ahora resultan principales perjudicados.

La última sentencia afecta a los residentes en 239 viviendas de Banana Beach. El TSJA ha anulado la licencia de obras que otorgó el Ayuntamiento hace cinco años, cuando era alcalde Jesús Gil, porque los terrenos estaban tipificados como sistema general de áreas libres en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de 1986.

La Junta, que tras la primera sentencia de este tipo, la anulación de licencia concedida en 1995 para 465 viviendas en San Pedro Alcántara, se mostró partidaria de buscar medidas alternativas a la demolición, entiende que son los jueces a quienes compete decidir cómo hay que ejecutar las sentencias. El debate crea desasosiego, pero se porfía de largo recorrido, ya que el Ayuntamiento de Marbella ha optado por recurrir ante el Tribunal Supremo las resoluciones del TSJA, con lo que el litigio se dilatará presumiblemente algunos años más, hasta que exista sentencia firme.

El problema es que la demolición afectaría a compradores de viviendas que no tienen responsabilidad alguna en las ilegalidades, pero no hacerlo podría significar dejarlas impunes. "No se puede transmitir la sensación de que da igual cumplir o no la ley", sostiene el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, quien insiste en que "es el juez quien tiene que que marcar la actuación pertinente".

Advierte además Ruiz Povedano que el caso concreto de la urbanización Banana Beach es "especialmente grave porque afecta a un sistema general de áreas libres y ha impedido que los ciudadanos disfruten de un equipamiento público que les pertenecía".

Indemnización

Si finalmente se dictaran órdenes de demolición, la administración responsable, el Ayuntamiento de Marbella en este caso, debería indemnizar de forma proporcionada y adecuada a los inquilinos afectados, pero dado el alcance del número de viviendas ilegales, sería prácticamente imposible que pudiera hacer frente a los pagos.

El problema es que alcaldes de la Costa del Sol consultados coincidieron en lamentar que la situación creada se podía haber evitado a tiempo si los jueces hubieran decretado la paralización cautelar de las obras cuando se impugnaron las licencias y se inició el procedimiento que ha acabado con estas sentencias. "No se puede permitir dar validez a las políticas de hechos consumados porque al final pagan justos por pecadores", opina la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, del PP, quien recuerda que "existen mecanismos para que una licencia no se lleve a cabo".

"Son necesarios recursos para actuar con rapidez contra las aberraciones urbanísticas, lo mismo se falla por acción que por omisión, pero tiene que haber un tiempo razonable para la intervención", explica Oña.

Su compañero de partido y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, apunta también a las responsabilidades de los jueces, que no acertaron a parar las actuaciones ilegales a tiempo de que resulten irreversibles. Armijo se queja de que en ocasiones ha ordenado paralizaciones de obras y que en algunos casos los promotores han roto los precintos colocados por el consistorio, pero que estas infracciones se han saldado en vía judicial con multas por cuantías prácticamente insignificantes.

El alcalde de Rincón de la Victoria, el socialista José Domínguez Palma, se queja de que de en estos procedimientos por ilegalidades urbanísticas resulte que "al final se produzcan mayores perjuicios con la demolición que dejando las cosas como están". Domínguez propone que los promotores que se han beneficiado de licencias ilegales compensen con cesiones de suelo y de equipamientos públicos que resarcieran a los ciudadanos de Marbella de los perjuicios sufridos.