Editorial:

Lejano Kioto

Las emisiones de dióxido de carbono y otros cinco gases de efecto invernadero han aumentado en España un 40% entre 1990 y 2003. Nuestro país se aleja así de manera casi irreversible del acuerdo establecido en la UE para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que permite a España aumentar el 15% sus emisiones entre 1990 y 2008-2012. Esta enorme desviación es consecuencia de la nula voluntad de los gobiernos del PP por adoptar medidas contra el cambio climático, a pesar de que el acuerdo de Kioto data de 1997 y de que el Parlamento español lo ratificó por unanimidad hace dos años.

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Las emisiones de dióxido de carbono y otros cinco gases de efecto invernadero han aumentado en España un 40% entre 1990 y 2003. Nuestro país se aleja así de manera casi irreversible del acuerdo establecido en la UE para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que permite a España aumentar el 15% sus emisiones entre 1990 y 2008-2012. Esta enorme desviación es consecuencia de la nula voluntad de los gobiernos del PP por adoptar medidas contra el cambio climático, a pesar de que el acuerdo de Kioto data de 1997 y de que el Parlamento español lo ratificó por unanimidad hace dos años.

España todavía no ha aprobado una estrategia para la contención de emisiones de estos gases que permita cumplir los compromisos adquiridos. Más aún, en la última etapa del PP se alzaron voces desde importantes ámbitos económicos contra el Protocolo de Kioto, que olvidaban que el compromiso de la UE de reducir sus emisiones el 8% en 20 años es firme, incluso si el acuerdo no entra en vigor porque Rusia acaba no ratificándolo. La Administración de Bush ya dejó claro desde el principio que no piensa ratificarlo ni acatarlo.

Kioto no es un acuerdo perfecto, como reconocen incluso sus impulsores. Pero es lo que hay, y supone un esfuerzo internacional notable por contener las emisiones a la atmósfera de unos gases que están produciendo el recalentamiento acelerado de la superficie terrestre. A quienes se alarman ante el coste económico de controlar las emisiones cabe recordarles que la inacción acarreará costes superiores en el futuro.

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Zapatero ha dejado claro que cree en Kioto y piensa corregir la política anterior. Trabajo no le va a faltar. El plan nacional de asignación de derechos de emisión, que España debía haber remitido a Bruselas antes del 31 de marzo, es una tarea urgente y delicada por el necesario equilibrio que tiene que guardar entre los distintos sectores económicos afectados. Urgente es también la puesta en marcha de la estrategia contra el cambio climático, que el Gobierno anterior dejó pendiente. La nueva ministra de Medio Ambiente dio la semana pasada un nuevo impulso al abandonado Consejo Asesor de Medio Ambiente y anunció medidas para corregir la situación. Tendrá que darse prisa porque la herencia que recibe es realmente mala.

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