Barcelona invertirá 435 millones de euros en la promoción de vivienda protegida

Joan Clos reclama que se quintupliquen las partidas destinadas a rehabilitación

El futuro no está claro. El mercado de la vivienda puede seguir como está y también pinchar en cualquier momento. Las dos cosas, afirmó ayer Joan Clos, alcalde de Barcelona, serían malas. La intención del municipio es incidir, a través de inversiones municipales y de otras administraciones, de forma que llegue al mercado una importante cantidad de pisos protegidos que atempere el precio de la vivienda libre. Barcelona destinará 435 millones en cuatro años, con lo que garantiza 10.000 viviendas protegidas, pero el objetivo es que se construyan 37.000 hasta 2010.

Hay dos factores relacion...

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El futuro no está claro. El mercado de la vivienda puede seguir como está y también pinchar en cualquier momento. Las dos cosas, afirmó ayer Joan Clos, alcalde de Barcelona, serían malas. La intención del municipio es incidir, a través de inversiones municipales y de otras administraciones, de forma que llegue al mercado una importante cantidad de pisos protegidos que atempere el precio de la vivienda libre. Barcelona destinará 435 millones en cuatro años, con lo que garantiza 10.000 viviendas protegidas, pero el objetivo es que se construyan 37.000 hasta 2010.

Hay dos factores relacionados, dijo Clos, con la evolución al alza del precio de la vivienda: el tipo de interés y el coste del suelo. Un cambio al alza de los tipos hipotecarios sería catastrófico para la economía de no pocas familias y, también, para el sector de la construcción. La solución es incidir en el mercado libre atemperando precios. Y eso se consigue, dijo, facilitando y promocionando la construcción y rehabilitación de vivienda protegida. La política de vivienda municipal desde ahora hasta 2010 tendrá, aseguró, tres ejes: la rehabilitación, el fomento del alquiler y facilitar el acceso a los sectores más desprotegidos.

La perspectiva política está a favor de que se logre el objetivo de moderar los precios, no tanto la económica. El equipo municipal, justificó el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, ha trabajado en dos hipótesis. En la mejor de ellas, la ciudad gana 100.000 viviendas, de las que 37.000 tienen algún tipo de protección; en el caso menos optimista, el crecimiento se limita a 65.000 viviendas, de las que tienen protección 19.000.

Multiplicar por cinco

Los gobiernos central y autónomo deberían multiplicar las partidas para rehabilitación. Pero no de un modo más o menos tímido, dijo Casas, sino multiplicando la cifra por cinco, como poco. Casas habló de una inversión necesaria de 300 millones de euros, frente a los 40 millones previstos. Como primera providencia, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido destinar una partida de 435 millones a promover vivienda pública protegida durante el periodo 2004-2007. Esta cantidad, que supone un incremento del 85% respecto a lo invertido en vivienda en la pasada legislatura municipal, garantiza la construcción de unas 10.000 viviendas protegidas o asequibles. Por "asequibles" el Ayuntamiento entiende con protecciones de otros tipos: sea al alquiler o con la recuperación de las viviendas de precio tasado.

La actuación sobre núcleos urbanos consolidados, rehabilitando edificios e incluso barrios completos, busca limitar el consumo insostenible, dijo Clos, de terreno. La política de rehabilitación, a juicio del alcalde, choca con los intereses de los sectores financiero y constructor, que prefieren concentrarse en la vivienda de nueva construcción.

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Con todo, el Ayuntamiento barcelonés entiende que el plan presentado ayer debe coordinarse con los que se lleven a cabo en el resto de municipios del área metropolitana, ya que una política de vivienda que pretenda resolver los problemas no puede desarrollarse sin tener en cuenta la realidad metropolitana.

Asimismo, Clos y Casas reclamaron modificaciones en la legislación vigente, tanto en lo referente a las ayudas fiscales como en lo relativo a las indemnizaciones por expropiación de suelo. En este segundo caso, Clos puso de manifiesto el absurdo de que haya que pagar a precio de vivienda libre el suelo expropiado para construir pisos protegidos.

En el primer caso, explicó Casas, las ayudas fiscales suponen en España unos 3.000 millones de euros anuales, casi 10 veces los 350 millones de euros destinados a ayudas directas. Una parte importante de estas viviendas son segundas residencias declaradas como primeras para aprovechar las deducciones fiscales. En Barcelona hay un censo de 757.298 viviendas, pero sólo 594.451 son residencia principal y de ellas el 68% son de propiedad y el 28,5% de alquiler. En el conjunto del área metropolitana hay 1.368.760 viviendas, de las que el 75,7% son de propiedad. El alquiler cae al 20,9%. Si se toma toda Cataluña como referente, el porcentaje de alquiler baja hasta el 16,6%. El número de segundas residencias declaradas sube hasta casi el millón: 998.299.

El mercado de alquiler es aún menor en el conjunto de España: el 14%. Y sobre todo, es mínima la incidencia del alquiler social. España, donde este tipo de vivienda es sólo del 2%, ocupa el último lugar en la UE, lejos de países como Francia (17%), Reino Unido (21%), Suecia (22%), Alemania (26%) u Holanda (35%). No menos preocupante es la situación de las viviendas nuevas de protección en toda Cataluña. En el periodo 2000-2003, el 22,2% de las 18.638 viviendas construidas en Barcelona era de protección; en Cataluña, sobre 257.539, la protección caía al 8,6%.

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