El Gobierno central asegura que el trasvase del Ródano no se realizará

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, rechazó ayer el trasvase del Ródano a Cataluña alegando que "sería más costoso incluso que el del Ebro". Narbona, en declaraciones a Catalunya Ràdio, defendió el ahorro del agua, sobre todo en la agricultura de regadío y en los usos industriales y residenciales, y abogó por un nuevo modelo hidrológico que no exija ningún tipo de aportación proveniente del exterior. Además, la ministra aseguró que las políticas que seguirá el Gobierno central en materia de agua coinciden con las de la Generalitat de Cataluña.

Por su parte, la ministra de F...

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, rechazó ayer el trasvase del Ródano a Cataluña alegando que "sería más costoso incluso que el del Ebro". Narbona, en declaraciones a Catalunya Ràdio, defendió el ahorro del agua, sobre todo en la agricultura de regadío y en los usos industriales y residenciales, y abogó por un nuevo modelo hidrológico que no exija ningún tipo de aportación proveniente del exterior. Además, la ministra aseguró que las políticas que seguirá el Gobierno central en materia de agua coinciden con las de la Generalitat de Cataluña.

Por su parte, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció ayer que la Administración central podría facilitar a las comunidades autónomas su participación en la gestión de los aeropuertos ubicados en sus respectivos territorios. "Las comunidades autónomas van a participar en las decisiones que se tomen en los aeropuertos del lugar y territorios de su competencia, pero la fórmula de participación es lo que se tiene que establecer para garantizar el mejor servicio al ciudadano", aseguró Álvarez.

El trasvase del Ródano fue una de las propuestas que el Gobierno de Convergència i Unió (CiU) realizó durante la pasada legislatura como contrapartida al del Ebro que proyectó el Ejecutivo del PP. El trasvase del Ródano significaba traer unos 473 hectómetros cúbicos de agua desde Francia hasta Cataluña a través de un sistema de túneles y canalizaciones que se iniciarían en Montpellier (Francia) y finalizarían en Camp-redó (Tarragona). Una vez en territorio catalán, el agua se repartiría entre diversas zonas: 190 hectómetros cúbicos serían para Barcelona y su área de influencia, 125 para Tarragona, y las restantes 158 para Valencia. Este último destino fue el que provocó la negativa al trasvase del presidente del Consejo General del departamento francés de los Pirineos Orientales, Christian Bourquin, al asegurar que el agua no sería sólo para uso doméstico, como se había dicho en un principio, si no que también tendría un destino agrícola, lo que daría ventaja a los agricultores valencianos respecto a los del departamento de los Pirineos Orientales, de los que son competidores directos.

Todos los grupos parlamentarios catalanes, excepto CiU, rechazaron el proyecto, pero la última palabra correspondía al Gobierno central que, tanto bajo el mandato del PP como ahora bajo el del PSOE, ha negado la posibilidad de llevarlo a cabo.

Por otra parte, la ministra de Medio Ambiente, aseguró que el Gobierno central no regenerará las playas que todos los años pierden arena por culpa de la construcción de puertos deportivos u otras infraestructuras, ya que esta reposición es un trabajo estéril y una inversión inútil. "Vamos a reorientar también la política de costas en el sentido de no hacer regeneraciones de arena en las playas en las que exista claramente una relación por la que esa arena se pierda todos los años", precisó Narbona.

En cuanto al protocolo de Kioto, la ministra aseguró que "España está a la cola de todos los países de la Unión Europea en reducción de gases de efecto invernadero" y culpó de este hecho al Ejecutivo anterior porque, dijo, "no tuvo ninguna voluntad política para solucionarlo". Narbona aseguró que, en España, el crecimiento del PIB se acompaña de un aumento de la energía y las emisiones de gases a la atmósfera, algo que no sucede en otros países europeos. A partir de 2005 se tomarán medidas para evitar que la Unión Europea pueda aplicar a España las penalizaciones que tiene previstas sobre estos incumplimientos.