Hacienda descuenta del Cupo vasco 32,5 millones, pero expresa su voluntad de arreglo
El Gobierno de Ibarretxe afirma que supone "un mal precedente" para comenzar el diálogo
Hacienda volvió a descontar ayer al Gobierno vasco los 32,5 millones de euros que éste se cobró unilateralmente en mayo en el Cupo que paga al Estado invocando un desacuerdo en la liquidación de 2002. Hacienda precisó que es una decisión "técnica, no política" para reequilibrar las cuentas entre ambas Administraciones y su secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se mostró dispuesto a negociar una solución.
Las expectativas que había levantado la reunión del jueves en la que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el lehendakari Ibarretxe normaliza...
Hacienda volvió a descontar ayer al Gobierno vasco los 32,5 millones de euros que éste se cobró unilateralmente en mayo en el Cupo que paga al Estado invocando un desacuerdo en la liquidación de 2002. Hacienda precisó que es una decisión "técnica, no política" para reequilibrar las cuentas entre ambas Administraciones y su secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se mostró dispuesto a negociar una solución.
Las expectativas que había levantado la reunión del jueves en la que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el lehendakari Ibarretxe normalizaron las relaciones institucionales entre ambos Gobiernos, condujeron quizás demasiado rápido a la interpretación de que los problemas heredados del PP eran ya historia. Economía siguió ayer la pauta abierta por Montoro y aplicó el descuento de 32,5 millones de euros en el abono que se hace al País Vasco por el ajuste del IVA. Hacienda explicó que "técnicamente" lo correcto era hacerlo, pero no hay problemas para entrar a la discusión "política" sobre el problema de fondo. El Gobierno vasco sostiene que le corresponde esa cantidad en la liquidación del Cupo de 2002 (la cantidad con que Euskadi contribuye al Estado) por los ajustes en la financiación de la sanidad.
Fernández Ordóñez señaló que la decisión fue adoptada hace dos días y acto seguido habló con la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, "para explicarle que lo único que hacíamos es lo que se venía haciendo hasta ahora, que es reequilibrar lo que había hecho el Gobierno vasco, que es descontar 32,5 millones". Puntualizó que le llamó para que comprobara, antes de que llegara el descuento, que de verdad había un cambio de talante en el Gobierno socialista y le ofreció, más allá de una reunión de la Comisión Mixta de Concierto, su disposición a "informalmente, visitarla o que venga y hablemos".
Sin embargo, Zenarruzabeitia dio a entender que la decisión no la había sido comunicada, y dijo: "Lo hemos comprobado al cobrar el cheque". Acto seguido añadió que se trata de un "mal precedente para comenzar el diálogo".
Si antes no llega una reunión entre las dos partes, a finales de mayo el Gobierno vasco tiene una nueva oportunidad para frenar el conflicto ya que tiene que hacer frente a un pago cuatrimestral del Cupo. La vicelehendakari tampoco adelantó cuál va a ser la postura de su Administración llegado ese momento, y se limitó a reiterar: "Necesitamos hablar sobre la cuestión de fondo: el desarrollo de los acuerdos firmados en 2002 y el derecho de las instituciones y la sociedad vasca de participar en la ampliación de la Sanidad".
La ministra portavoz, Teresa Fernández de la Vega, resumió la situación, tras el Consejo de Ministros: "En el ámbito del País Vasco hay discrepancias muy graves sobre muchos temas. No lo vamos a negar. La novedad reside en que ahora hay cauces institucionales para resolver los problemas y los vamos a impulsar".
Por otra parte, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, zanjó ayer los ofrecimientos nacionalistas de "parar el reloj" en la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe, para que el PSE-EE pueda presentar enmiendas, asegurando que no es posible alcanzar "soluciones compartidas" a partir de un "proyecto unilateral para imponer los dogmas del nacionalismo". López reiteró su disposición a abrir un proceso de reforma del Estatuto de Gernika por la vía catalana, es decir, "sobre la base del respeto al marco constitucional y a través del consenso".
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