Empieza el juicio por el petardo del 'superchupinazo' al cabo de siete años
Las acusaciones retiran los cargos contra los tres distribuidores
Cuando están a punto de cumplirse siete años de los hechos, ayer empezó en Vilanova i la Geltrú el juicio contra siete personas acusadas de fabricar, distribuir y permitir la comercialización del petardo superchupinazo, que causó heridas de diversa consideración a 112 personas durante las verbenas de 1997. Las acusaciones retiraron ayer los cargos contra los tres distribuidores que se sientan en el banquillo.
Las personas que hoy pueden abandonar el banquillo son Manuel Estalella Forteza, Ramón Vicente Gil y Laurentino Fernández Fernández, distribuidores y almacenistas del citado...
Cuando están a punto de cumplirse siete años de los hechos, ayer empezó en Vilanova i la Geltrú el juicio contra siete personas acusadas de fabricar, distribuir y permitir la comercialización del petardo superchupinazo, que causó heridas de diversa consideración a 112 personas durante las verbenas de 1997. Las acusaciones retiraron ayer los cargos contra los tres distribuidores que se sientan en el banquillo.
Las personas que hoy pueden abandonar el banquillo son Manuel Estalella Forteza, Ramón Vicente Gil y Laurentino Fernández Fernández, distribuidores y almacenistas del citado petardo a través de las sociedades La Antigua Casa Manuel Estalella, SL; Holding de Exclusivas, SL, y Welcom Pirotecnia, respectivamente
También están acusados en este proceso Miguel González Lázaro y Bernardo Sanchiz, gerente y técnico de producción de la sociedad Pirofantasía y Multimedia, SL, en la que se fabricó el artificio, así como el que fue subdirector general de Industria Fernando Vázquez. En el banquillo se sientan también Raúl Ezama y Ramón Mañana, el responsable y el director de pirotecnia del laboratorio oficial Madariaga, que emitieron el certificado para catalogar y clasificar el petardo.
Penas menores
El fiscal sólo acusa a tres de ellos -González, Sanchiz y Vázquez- por 112 delitos de lesiones imprudentes, y pide penas de dos años y medio de cárcel y una indemnización para los afectados que supera los seis millones de euros. Los 26 abogados de la acusación retiraron los cargos contra los tres distribuidores y hoy pueden ser exculpados por el juez si uno de esos letrados confirma su intención, que estaba pendiente de una consulta con un compañero.
La acusación pública considera que los acusados tuvieron una "conducta negligente" que permitió la fabricación, comercialización y compra por parte de los consumidores de un petardo que tenía "un defecto de fabricación".
El fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que las instrucciones para el uso del petardo no se correspondían con la realidad, ya que no se respetaba el tiempo de retardo desde la ignición hasta la explosión. Es durante esos segundos cuando los usuarios pueden arrojar el petardo, pero lo que pasó en realidad en las verbenas de 1997 fue una explosión anticipada, que causó las lesiones a los consumidores.