La mujer de Fabra compra una masía a una fundación que creó la Diputación
Hay un proyecto de restaurante en la finca, junto al arco de Cabanes
Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, adquirió, en enero de 2003, una parcela rústica de 800 metros cuadrados a la Fundación Blasco de Alagón, participada, entre otros, por la propia Diputación. La fundación se formó en 1996, a instancias del recién nombrado presidente de la corporación, con entidades públicas y privadas de Castellón y de Teruel, para la rehabilitación del patrimonio. La finca cuenta con una masía típica de la comarca sobre la que se hizo un proyecto de restaurante que, de momento, no se ha ejecutado.
La finca, de 800 metro...
Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, adquirió, en enero de 2003, una parcela rústica de 800 metros cuadrados a la Fundación Blasco de Alagón, participada, entre otros, por la propia Diputación. La fundación se formó en 1996, a instancias del recién nombrado presidente de la corporación, con entidades públicas y privadas de Castellón y de Teruel, para la rehabilitación del patrimonio. La finca cuenta con una masía típica de la comarca sobre la que se hizo un proyecto de restaurante que, de momento, no se ha ejecutado.
La finca, de 800 metros cuadrados, fue escriturada a favor de Amparo Fernández por 14.512,24 euros, lo que supone una cantidad de casi 2.000 euros más de lo que pagó la Fundación Blasco de Alagón, en 1998, a su anterior propietario, según la información que aparece en el registro de la propiedad. La parcela, descrita en la nota registral como un suelo de secano cultivado con almendros, está ubicada en el paraje de l'Arc, en el término municipal de Vall d'Alba, del que es alcalde el vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez. La masía que alberga la finca está levantada a 100 metros del arco romano de Cabanes y de las excavaciones que la Dirección General del Patrimonio ha llevado a cabo para la recuperación de la Vía Augusta, que confirman la existencia de un asentamiento romano. Además, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha un proyecto para la revalorización de la vía secular, que se centra en la recuperación y promoción como ruta naturalista, turística y cultural.
Ésta es una de las tres fincas que el propio Carlos Fabra incluyó entre las propiedades de su esposa en la declaración notarial con la que quiso responder a las acusaciones de haber protagonizado un importante incremento patrimonial. Dos de las parcelas se encuentran en el mismo municipio de Vall d'Alba, mientras que la tercera está ubicada en Oropesa. Sin embargo, en el registro de la propiedad al que están adscritos los bienes inmuebles de estos municipios no consta que Amparo Fernández sea titular de ninguna otra finca o parcela además de la comprada a la fundación.
La declaración notarial de Fabra fue hecha pública días después de que el empresario Vicente Vilar presentara dos querellas contra el presidente de la Diputación de Castellón al que acusó de cobrarle las gestiones realizadas ante la administración para tratar de agilizar la concesión de autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Las querellas no se admitieron pero la juez decidió abrir dos procedimientos de oficio por los que tanto Carlos Fabra como su esposa están siendo investigados por la posible comisión de presuntos delitos contra la salud pública y contra la administración pública. La causa cuenta ahora, además, con la personación de la Unión de Consumidores UCE, que ha sido admitida como acusación popular.
La Fundación Blasco de Alagón está gobernada por un patronato constituido por instituciones públicas y empresas privadas. Entre las públicas se encuentran la Generalitat Valenciana, a través de la Consejería de Cultura, la Diputación General de Aragón, la Diputación de Castellón, la Diputación de Teruel, la Mancomunidad Turística del Maestrazgo y la Agencia Valenciana de Turismo. Entre las entidades privadas figuran la Confederación de Empresarios de la Construcción, la Fundación Caja Castellón-Bancaixa, Ibercaja, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Iberdrola y las más importantes empresas de la provincia de Castellón dedicadas a la construcción y al sector cerámico, principalmente. Se trata de una organización sin ánimo de lucro "dedicada a la realización de fines de interés general, siendo su principal objetivo la rehabilitación de patrimonio histórico-artístico", según información de la propia fundación.
Contribuir a la creación, protección, rehabilitación y puesta en uso, enriquecimiento, promoción y difusión del patrimonio valenciano y aragonés y, en particular, la conservación, estudio e investigación, defensa, restauración y rehabilitación de patrimonio artístico, arquitectónico, arqueológico, etnológico, paisajístico y medioambiental de la Comunidad Valenciana y de Aragón son sus metas. Su labor está basada en la compra de pequeños inmuebles del patrimonio para rehabilitarlos y proceder a su posterior venta con el fin de destinar el superávit obtenido de estas operaciones a los fines propios de la entidad, que se centran en el acondicionamiento y restauración de monumentos históricos.
Una actuación "irregular"
El proyecto que la Fundación Blasco de Alagón tenía sobre la masía situada en la finca que vendió a la esposa de Carlos Fabra consistía en mantener los muros exteriores y situar, en la planta baja, cocina con acceso, a través de una escalera, a una bodega-despensa. Además del salón-comedor, el proyecto preveía la utilización de una pérgola realizada con viguetas de madera, que haría de soporte a un emparrado con el fin de que ese espacio fuese utilizado como comedor exterior cuando el clima lo permitiera. En la primera planta se iba a disponer otro comedor, mientras que en el exterior se pretendía reconstruir un pozo y adecuar la zona contigua a la carretera para usarla como aparcamiento.
La Diputación de Castellón no quiso ayer hacer ningún tipo de comentario sobre la operación protagonizada por la Fundación Blasco de Alagón de compra y posterior venta de esa parcela a Amparo Fernández, esposa del presidente de la corporación provincial, Carlos Fabra. Fuentes de la Diputación achacaron ayer a la fundación la responsabilidad de las acciones sobre dichos terrenos alegando que la corporación provincial es únicamente un patrono más. Sin embargo, fuentes de la Diputación de Teruel argumentaron que pese a que las actuaciones de la fundación se deciden en las reuniones del patronato, la corporación provincial de Teruel está menos implicada que la de Castellón, que focaliza la mayor parte de las iniciativas. De hecho, la gerencia de la fundación está directamente ligada a la Diputación de Castellón ya que recae en una asesora de Carlos Fabra. La Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana, que también forma parte del patronato, declinó también ayer realizar comentario alguno sobre el tema.
Por su parte, el portavoz adjunto del grupo socialista en la diputación, Juli Domingo, anunció que pedirá explicaciones al equipo de gobierno ante una actuación que calificó de "irregular". Para el socialista, la Diputación no puede comprometerse en operaciones "como si fuera una agencia de promoción y venta de bienes patrimoniales".
Además, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, habrá de responder el jueves, en la sesión de control parlamentario de las Cortes, sobre la situación política de Fabra, imputado judicialmente en una investigación de tráfico de influencias. Camps tendrá que responder al grupo parlamentario de L'Entesa, que preguntó al presidente del Consell "cómo valora la situación política provocada por la denuncia al presidente de la Diputación de Castellón y su posterior imputación judicial".