Vecinos, agricultores y oposición rechazan la urbanización de la huerta
Per L'Horta exige a Barberá que evite la degradación de terrenos llenos de contenedores
La decisión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de abrir parte de la huerta a la construcción de viviendas suscitó ayer reacciones de rechazo y escepticismo en la oposición al PP, agricultores, vecinos y entidades cívicas. Los socialistas reiteraron que hay suelo suficiente para viviendas sin tocar la huerta y L'Entesa denunció "los intereses de determinados promotores y especuladores en connivencia con el PP". Los vecinos pidieron "que se acabe primero la ciudad", mientras que la Unió de Llauradors y Per L'Horta acusaron a Barberá de permitir la degradación de la huerta.
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La decisión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de abrir parte de la huerta a la construcción de viviendas suscitó ayer reacciones de rechazo y escepticismo en la oposición al PP, agricultores, vecinos y entidades cívicas. Los socialistas reiteraron que hay suelo suficiente para viviendas sin tocar la huerta y L'Entesa denunció "los intereses de determinados promotores y especuladores en connivencia con el PP". Los vecinos pidieron "que se acabe primero la ciudad", mientras que la Unió de Llauradors y Per L'Horta acusaron a Barberá de permitir la degradación de la huerta.
Barberá afirmó el jueves que Valencia necesita nuevas reservas de suelo para "intensificar" la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y anunció que, en el marco de la homologación del Plan General de Ordenación Urbana revisará la protección de los terrenos agrícolas para "proteger la huerta de verdad" y no aquella "en la que se plantan contenedores". La alcaldesa se proclamó firme defensora de la huerta.
"Barberá ha tenido medios estos años para hacer VPO, es cínico que ahora use ese argumento para recalificar huerta", criticó ayer Antonio Montiel, miembro de la comisión ejecutiva de la entidad cívica Per L'Horta. Para Montiel, Barberá ha "utilizado el argumento de la protección de la huerta" mientras practicaba "una política totalmente distinta", de "pasividad y dejación" al permitir que se colocaran contenedores en la huerta. La próxima semana, Per L'Horta presentará en el Ayuntamiento una denuncia en la que indica en qué parcelas agrícolas de Pinedo y Castellar se han "plantado contenedores" y exigirá que se aplique la normativa de disciplina urbanística. Además, ayer denunció ante la Generalitat la intención de la empresa pública Sepes de derribar un edificio protegido dentro del plan de la ZAL del puerto, el chalé del Doctor Bartual Moret, con el fin de trasladarlo a otra zona, una actuación que la entidad cívica considera "incompatible" con su conservación. En opinión de Montiel, se ha favorecido la degradación de la huerta para justificar la recalificación y "no es casual" que se plantee en terrenos como los situados frente a L'Oceanogràfic cuando los promotores "ya han comprado suelo e incluso han intentado crear una agrupación de interés urbanístico" antes de la revisión del plan general. "Emplazamos a la alcaldesa a que si tiene un proyecto de ciudad lo confronte con las asociaciones ciudadanas", añadió Montiel.
La Unió de Llauradors también criticó la decisión de Barberá por boca de Ferran Gregori, responsable de coordinación del Territorio, quien consideró que la alcaldesa "roza el cinismo" al asegurar que protegerá la huerta. "En los últimos años ha habido una destrucción continua y se ha permitido la colocación de contenedores para tener la excusa de recalificar, como ocurrió con la ZAL", dijo Gregori. El responsable de la Unió manifestó que los agricultores se enfrentan "a una situación complicada", ya que en alguna zona se ofrecen cifras exorbitantes por el suelo. La Asociación Valenciana de Agricultores pidió que la recalificación "afecte lo menos posible a los agricultores" y se les pague por el suelo "lo mejor posible".
Antonio Cañuelo, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, se mostró "escéptico" ante las promesas de Barberá frente a las presiones de los constructores. Cañuelo pidió que antes de recalificar nada, lo que puede llegar a ser necesario con el tiempo, "se acabe la ciudad de las rondas hacia adentro porque quedan más de 400 solares libres" para pisos y dotaciones.
En este sentido, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Rafael Rubio, reiteró que hay suelo urbanizado y urbanizable por desarrollar suficiente para atender la demanda de viviendas sin tocar la huerta. Para Rubio, la alcaldesa "está reconociendo la expectativa urbanística de los promotores, una situación de facto en la que les dará los instrumentos legales para materializar unas plusvalías" en los terrenos ya comprados en la huerta. "Lo preocupante es hacia qué modelo territorial avanza la ciudad, cerrada por los bulevares periféricos. Ahora dará un salto y la pregunta es hacia dónde", añadió Rubio.
El portavoz adjunto del grupo parlamentario de EU-L'Entesa, Joan Antoni Oltra, rechazó "que se use el argumento de la construcción de VPO para arrasar lo que queda por urbanizar". "Pesan los intereses de determinados promotores y especuladores en connivencia con el PP", dijo Oltra, para el que la Generalitat retrasa "deliberadamente" la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) para "favorecer la extinción de la huerta de Valencia". La Consejería de Territorio y Vivienda, respondió que el debate parlamentario de la LOT comenzará la próxima semana y aseguró que el valor de la huerta "está salvaguardado por los estudios de impacto ambiental" como el anuncio por Barberá.
Triángulo de oro
La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la moción que inicia los trámites de homologación del plan general de 1988, que lo adaptarán a los cambios legales, resolverán "ciertos problemas urbanísticos" que impiden "acabar" la ciudad y lo actualizarán "a la nueva realidad económica, social y legal".
Esa revisión implicará la creación de nuevo suelo urbanizable en la huerta, en una extensión que Barberá no ha precisado al argumentar que está pendiente el estudio de impacto ambiental que decidirá "desde el pleno respeto" a los valores medioambientales qué zonas se recalifican. Barberá ha prometido para esta legislatura 9.000 VPO, que ocuparían más de un millón de metros cuadrados. Fuentes municipales resaltaron ayer que buena parte de estas viviendas protegidas -cuyo porcentaje frente a la libre se aumentará para situarlo entre el 35% y el 50%- se levantarán en suelo urbano o en los planes parciales pendientes de desarrollar. También explicaron que la normativa que prevé el Consell subirá el número de pisos por hectárea.
El PSPV denuncia desde hace años la falta de impulso a la VPO y su portavoz, Rafael Rubio, "duda" de que en el "triángulo de oro" frente a L'Oceanogràfic se apliquen esos porcentajes después de los altos precios pagados por el suelo. "Si de verdad quieren hacer VPO, que pidan el 75%", argumenta Rubio, quien recuerda que también pueden hacerse más pisos protegidos en suelo urbano. Según sus datos, en los 17 sectores urbanizables aprobados en Valencia con el plan general -faltan tres- hay previstas casi 30.000 viviendas, de las que sólo el 8%, unas 2.500, serán de VPO, ya que durante años no se exigieron porcentajes de entre el 20% y 25%. Muchos de esos pisos tardarán años en edificarse, ya que hay sectores con la reparcelación por aprobar. Según fuentes municipales, en el último cuatrimestre se han dado 1.315 licencias para pisos. Sólo 66 son de VPO.