Nuevas reglas de juego
La lenta transición con la que se está realizando el cambio de Gobierno tras las últimas elecciones generales, les ha creado a algunos la impresión de que el resultado de las mismas no ha sido más que un espejismo. Con un Gobierno en funciones tomando decisiones todavía sobre materias fundamentales de la acción ejecutiva de contenido político (la aplicación de la LOCE o del PHN pueden servir como ejemplo) o incluso más, exigiendo al futuro Gobierno que realice tal o cual decisión; hace pensar a los ciudadanos que esto del cambio político no es más que un mero trámite administrativo.
Nad...
La lenta transición con la que se está realizando el cambio de Gobierno tras las últimas elecciones generales, les ha creado a algunos la impresión de que el resultado de las mismas no ha sido más que un espejismo. Con un Gobierno en funciones tomando decisiones todavía sobre materias fundamentales de la acción ejecutiva de contenido político (la aplicación de la LOCE o del PHN pueden servir como ejemplo) o incluso más, exigiendo al futuro Gobierno que realice tal o cual decisión; hace pensar a los ciudadanos que esto del cambio político no es más que un mero trámite administrativo.
Nada más lejos de la realidad. Cuando dentro de un mes el nuevo Gobierno comience a ejercer sus competencias, muchas cosas van a experimentar un cambio en todo nuestro país. Dentro de poco tiempo, las elecciones europeas del 13 de junio (esperemos que sin el terrible recuerdo cercano de la tragedia de Madrid) vendrán a refrendar lo que la sociedad española estaba demandando desde hace algún tiempo: un nuevo ambiente democrático en el que la capacidad de diálogo entre todos los demócratas fuera la clave de un nuevo impulso social.
Este cambio de ciclo debería de ser comprendido cuanto antes por todos los partidos políticos y agentes sociales para que, entre todos, podamos aprovechar el nuevo impulso que viene de Madrid y no de Almansa.
Por parte del PSPV y de Joan Ignasi Pla, para aprovechar la nueva coyuntura y asentarse, no como el Partido que va a trasmitir las órdenes de Madrid, sino como el que debe liderar el cambio en la Comunidad Valenciana desde la oposición hasta el año 2007. Los tres años que faltan para las próximas elecciones posibilitan que, tanto en el próximo Congreso Nacional como en las tareas de oposición, se realicen los cambios precisos para continuar consolidando una organización que sea capaz no sólo de trasmitir las nuevas alternativas sociales sino también de hacer que estas propuestas lleguen a los ciudadanos. Y a propósito de esto, ¿por qué no aprovechar este momento para intentar transformar la compleja organización comarcal en algún instrumento más operativo?
El Gobierno de la Generalitat no lo tiene fácil en esta coyuntura. La impresión que ha dado es que no ha asumido la nueva situación. Asediado desde dentro por sus propios correligionarios del PP desde que se constituyó tras las elecciones autonómicas (la división es cada día más patente entre los seguidores del President Camps y los de Zaplana ) y, no sólo su carencia de iniciativas sobre los problemas más acuciantes de nuestra Comunidad, sino también su obstinación en negarlos (su argumentación sobre los motivos de la ingente e imparable deuda autonómica o sobre la situación de los sectores industriales son sólo una pequeña muestra de este comportamiento autista), son indicadores de esta paralización que no es muy beneficiosa para nuestra Comunidad.
Mal mensaje ha escogido el President Camps para la sociedad valenciana y para los agentes sociales al decir días pasados "que el único temor para la buena marcha de la economía valenciana es la entrada del nuevo Gobierno del PSOE en Madrid". Si este va a ser su lema en estos tres años que le restan, mal servicio hará a una sociedad que espera mucho más de sus políticos e instituciones.
Los agentes sociales, especialmente los representantes de los sectores económicos, también habrían de aprovechar las vacaciones de la Semana Santa, para ponerse al día en sus relaciones con los poderes públicos. Acostumbrados estos últimos años a hacer un seguidismo acrítico de las decisiones de los Gobiernos Central y Autonómico, no deberían en estos momentos pasar a una ofensiva política que ni podría ser entendida por nadie, ni aportaría nada a la contribución que los mismos deben realizar para la mejora de nuestra economía y nuestra sociedad.
Cuestiones como el desarrollo de nuestras infraestructuras o la necesaria política en materia de aguas, que no ha existido a pesar del polémico PHN del PP, requieren de nuevos modos y consensos que no pueden ser liquidados con el simplista y al mismo tiempo ingenuo argumento de que "es una Ley vigente". Tan vigente e inmutable es esa Ley que desde el año 2001 ya ha experimentado varios cambios por parte del propio PP, o como lo será la nueva Ley que impulse el PSOE. ¿La apoyarán también al ser una Ley aprobada por el Parlamento?
Los nuevos tiempos exigen nuevas reglas y lo que cabe pedir a los agentes que las deben aprobar y aplicar es una capacidad suficiente de respeto a los demás y una voluntad de diálogo que permitan buscar las mejores soluciones para nuestra sociedad.
Los cambios que se van a producir en el 2007 (pérdida de Fondos Europeos, integración de nuevos países en la Unión Europea, profundización de la globalización, etc.), exigen nuevos esfuerzos por parte de todos si de lo que se trata es de no perder el tren del progreso y de la convivencia democrática de los valencianos.
Martín Sevilla es catedrático de Política Económica de la Universidad de Alicante