Mayoría parlamentaria es minoría social
La mayoría parlamentaria es prácticamente siempre minoría social. Lo es en todos los países democráticos del mundo y lo ha sido en España desde las elecciones constituyentes de 1977. Es prácticamente inimaginable una circunstancia en la que pudiera no ser así. Eso es lo que la evidencia empírica de que disponemos pone de manifiesto de manera inequívoca. Por muy absoluta que haya sido la mayoría parlamentaria, nunca el partido mayoritario en España ha conseguido contar con más apoyo electoral que el obtenido conjuntamente por los demás partidos que concurrían a las elecciones. Ni siquiera en la...
La mayoría parlamentaria es prácticamente siempre minoría social. Lo es en todos los países democráticos del mundo y lo ha sido en España desde las elecciones constituyentes de 1977. Es prácticamente inimaginable una circunstancia en la que pudiera no ser así. Eso es lo que la evidencia empírica de que disponemos pone de manifiesto de manera inequívoca. Por muy absoluta que haya sido la mayoría parlamentaria, nunca el partido mayoritario en España ha conseguido contar con más apoyo electoral que el obtenido conjuntamente por los demás partidos que concurrían a las elecciones. Ni siquiera en las elecciones de 1982, en las que el PSOE llegó a tener 202 escaños en el Congreso de los Diputados, superaron los votos obtenidos por los socialistas el 50% de los votos válidamente emitidos. Si el número de sufragios obtenidos se pone en relación con el censo electoral y no con el número de sufragios válidamente emitidos, el carácter socialmente minoritario de la mayoría absoluta parlamentaria se acentúa todavía más. Y es que los abstencionistas no cuentan electoralmente, pero sí cuentan socialmente. También son ciudadanos, que tienen que ser dirigidos políticamente por la mayoría parlamentaria y su Gobierno.
La mayoría, para hacerse social, tiene que convencer y no simplemente mandar
Esto es algo que ninguna mayoría parlamentaria y ningún Gobierno debe perder nunca de vista. El sistema electoral es un mecanismo reductor de la complejidad social para hacer posible la toma de decisiones. La sociedad es tan extraordinariamente compleja que es incapaz de dirigirse a sí misma. Precisamente por eso necesita sintetizarse políticamente en el Estado, que, justamente por eso, es una representación simplificada de la sociedad. El órgano más plural y más complejo del Estado, que es el Parlamento, no es nunca un reflejo sino una síntesis de la sociedad. Se necesita reducir políticamente la complejidad de la sociedad para que ésta pueda ser gobernada. El sistema electoral es el instrumento a través del cual se produce esa reducción.
Pero la sociedad no deja de existir en toda su complejidad tras la celebración de las elecciones y el recuento de los votos. Y es esa sociedad la que tiene que ser dirigida. La mayoría parlamentaria y su Gobierno deben tener siempre presente que son socialmente minoritarios y que únicamente pueden dejar de serlo en cada acción de Gobierno convenciendo a la opinión pública de la idoneidad de la decisión que se toma. La mayoría parlamentaria no es más que un punto de partida que proporciona legitimidad para tomar la iniciativa en la dirección política de la sociedad. Pero esa legitimidad de origen tiene que ser complementada con una legitimidad de ejercicio, que tiene que ganarse día a día. La mayoría parlamentaria tiene que hacerse mayoría social día a día. Y para eso tiene que convencer y no simplemente mandar.
En esta legislatura pasada hemos tenido ejemplos desdichados de esta confusión entre mayoría parlamentaria y mayoría social. Y en el terreno en el que menos debería producirse: en el terreno de la educación. Posiblemente Pilar del Castillo pasará a la historia como la ministra más estéril de toda la democracia española. La soberbia con la que ha impuesto sus leyes educativas, tramitándolas sin audiencia de los afectados, con sometimiento a los dictados de la Iglesia católica, a uña de caballo en las Cortes Generales, sin memoria económica que las acompañara, con desprecio de las comunidades autónomas que son las administraciones que las tienen que aplicar, explica en buena medida, aunque no justifique, las reacciones que se han producido estos días.
Esperemos que la lección haya sido aprendida. De momento, parece haber sido así.