Los socialistas consideran "ilegítimo" que sean designados en pleno traspaso de poderes
El PSOE se opondrá rotundamente al intento del fiscal general, Jesús Cardenal, de llevar a cabo los nombramientos de 14 altos cargos del Ministerio Fiscal, según aseguraron ayer fuentes de la dirección socialista. Para el PSOE, un Gobierno en funciones no tiene "legitimidad" para comprometer la gestión del Ejecutivo entrante con una decisión de ese calado, que comprometería en gran medida la dirección del nuevo equipo en materia de política criminal.
Según el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno, el Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos público...
El PSOE se opondrá rotundamente al intento del fiscal general, Jesús Cardenal, de llevar a cabo los nombramientos de 14 altos cargos del Ministerio Fiscal, según aseguraron ayer fuentes de la dirección socialista. Para el PSOE, un Gobierno en funciones no tiene "legitimidad" para comprometer la gestión del Ejecutivo entrante con una decisión de ese calado, que comprometería en gran medida la dirección del nuevo equipo en materia de política criminal.
Según el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno, el Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
Según fuentes de la Unión Progresista de Fiscales, en la hipótesis de que los nombramientos saliesen adelante, esa asociación los recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, y como caso extremo, el nuevo Gobierno tendría la facultad de remoción que contempla el artículo 41 del Estatuto del Ministerio Fiscal, según el cual "los fiscales jefes de los respectivos órganos podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado". El Gobierno del PP utilizó esta prerrogativa para remover al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, en 1996, a raíz de la rebelión de los fiscales indomables. Sin embargo, fuentes fiscales creen que la remoción sería "una mala solución para la carrera, que ya ha sufrido fuertes tensiones bajo el mandato de Cardenal".
Las plazas que quiere cubrir el fiscal general Jesús Cardenal, antes de su renuncia o cese por el nuevo Gobierno socialista, son las vacantes de fiscal de Sala de la Sala de lo Civil y de lo Contencioso del Tribunal Supremo y las de fiscal jefe de los tribunales superiores de
Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana y La Rioja. También están vacantes las fiscalías de las Audiencias Provinciales de Ciudad Real, Segovia y Guadalajara, la de teniente fiscal de Cantabria, además de dos fiscales del Tribunal Supremo, uno de la Secretaría Técnica y otro para la Fiscalía Anticorrupción. El plazo de peticiones acaba mañana.