Entre la reforma de los estatutos y la Constitución
El modelo de Estado propuesto por los socialistas ha sido uno de los blancos favoritos del PP durante la campaña. El partido de Rajoy ha intentado reiteradamente transmitir una imagen de que el PSOE no podría garantizar la unidad de España y ha achacado a los socialistas "incoherencia, radicalidad y transgresión institucional", elevándose como únicos garantes de la Constitución y de la España de las autonomías.
Los primeros ataques llegaron en la precampaña, cuando el PSOE avanzó algunas de sus propuestas sobre la descentralización de la Justicia y financiación autonómica. Fue el pistol...
"Votar a ZP es votar 17 proyectos distintos"
El modelo de Estado propuesto por los socialistas ha sido uno de los blancos favoritos del PP durante la campaña. El partido de Rajoy ha intentado reiteradamente transmitir una imagen de que el PSOE no podría garantizar la unidad de España y ha achacado a los socialistas "incoherencia, radicalidad y transgresión institucional", elevándose como únicos garantes de la Constitución y de la España de las autonomías.
Los primeros ataques llegaron en la precampaña, cuando el PSOE avanzó algunas de sus propuestas sobre la descentralización de la Justicia y financiación autonómica. Fue el pistoletazo para el lanzamiento del hacha de guerra y una baza utilizada reiteradamente por todos los candidatos populares. Rajoy, que se había reservado hasta entonces, saltó a la arena preelectoral dedicando a las iniciativas socialistas algunas descalificaciones como "disparatadas, grotescas y cómicas". "Las propuestas se le han ocurrido al PSOE hace media hora y no responden ni al espíritu constitucional, ni a la tradición histórica del PSOE, ni al sentido común", aseguró.
Era el 8 de febrero y el candidato del PP mostraba un falso pesar: "ojalá no fuéramos el único partido de fiar. A la democracia española le vendría bien tener dos partidos con un claro modelo de Estado". También han desplegado una batería de invectivas contra el Gobierno tripartito en Cataluña, intentando ponerlo como ejemplo del "desorden" que organiza el PSOE cuando llega a un Gobierno y "se alía con cualquiera". "Nosotros somos el único partido que no cambia principios por las circunstancias, frente a quien tiene en un lugar una idea y en otro lugar otra y niega en Cataluña lo que ofrece en Madrid y niega en Sevilla lo que asegura en Bilbao", espetó Rajoy.
El PP considera que no es necesario modificar la Constitución y su candidato a la presidencia del Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que la reforma de los estatutos "no son prioritarias", y suponen un riesgo de ruptura del modelo de Estado, "por lo que no es el momento de hablar de ellas".
En el argumentario de los populares, elaborado en la sede del partido y dirigido a todos sus candidatos, no se han ahorrado referencias a estos asuntos: "Votar a ZP es votar 17 proyectos distintos; votar ZP es votar Carod-Rovira; votar ZP es votar los que negocian con la banda terrorista ETA. Votar ZP es votar por la crisis y la inestabilidad en España".
En el mismo documento se hace referencia "al riesgo" que entraña la propuesta socialista de reforma de los estatutos de autonomía: "El planteamiento de Maragall sigue instalado en la convocatoria de un referéndum para aprobar un nuevo Estatuto para Cataluña, siguiendo los pasos del rupturismo del lehendakari Ibarretxe y por supuesto, de las propuestas de ERC".
"Vivimos el momento de mayor crispación de los últimos 25 años"
Los argumentos del PSOE contra el modelo de Estado del PP son los que siguen:
"Las tensiones territoriales han vuelto desde que gobierna el PP. Hoy se vive uno de los momentos de mayor crispación, división social y territorial de los últimos 25 años. En lugar de dialogar, han confrontado; en lugar de consensuar, han impuesto; en lugar de integrar, han dividido.
Su manera de gobernar ha consistido en marginar el diálogo con aquellas comunidades que no están gobernadas por el PP. Además, incurren permanentemente en la tentación de tergiversar la realidad; de este modo han equiparado la necesidad de reformar el Senado y el plan Ibarretxe, siendo como son, asuntos radicalmente distintos. Tras ocho años, el balance de su gestión pone de manifiesto un incremento de las tensiones y de las desigualdades territoriales.
El programa electoral del PP en materia autonómica parte de una gran carencia: un proyecto que ofrecer sobre el desarrollo del modelo territorial en España. Más allá de las concesiones que hacen en los discursos, no acaban de comprender ni respetar la diversidad. Esta actitud inmovilista se aleja del espíritu constitucional, que nació y debe pervivir para unir a los españoles, no para dividirlos. Su gran error es seguir sin entender que la clave de la cohesión y de la unidad de España es el reconocimiento de su pluralidad.
El segundo gran déficit de su programa es el inmovilismo ante las necesarias reformas estatutarias y constitucionales que la sociedad y el Estado autonómico demandan para la España del siglo XXI.
Se cierran en banda a reforma alguna del Senado, contradiciéndose con su propia posición de hace algunos años e impidiendo que las autonomías tengan un foro de plena participación. Tampoco sabemos, más allá de la absoluta parálisis, cuál es su posición respecto a las necesarias reformas estatutarias para adaptar el marco jurídico a una sociedad que ha cambiado después de 25 años. Y no tienen respuesta a la creciente demanda autonómica de participación en la toma de decisiones en asuntos que les conciernen, como la pesca, la agricultura o el turismo, en el marco de la UE.
Y finalmente, el programa del PP no es capaz de establecer un vínculo entre Estado autonómico y servicios públicos de calidad. Los ciudadanos españoles se relacionan, principalmente en su actividad diaria con la Administración autonómica. No dotar de suficiente financiación las transferencias de competencias, revierte de manera negativa en la calidad de los servicios. Si el Estado autonómico funciona y funciona bien, tendremos mejores servicios públicos, mejor sanidad, mejores transportes, mejor educación, y ello repercutirá en una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos. Pero no sirve el modelo del PP de 'yo legislo, tú pagas'. Queremos más y mejor Estado autonómico".
LAS PROMESAS DEL PARTIDO SOCIALISTA
Recuperar el papel central de las Cortes Generales, especialmente el Congreso, e impulsar su protagonismo en la vida política.
Posibilitar las reformas de los estatutos de autonomía que se planteen de acuerdo con la Constitución y respaldadas por un alto grado de consenso democrático.
Creación de foro donde se reúnan los presidentes autonómicos periódicamente entre sí y con el presidente del Gobierno.
Inclusión de los representantes de las comunidades autónomas en las delegaciones de España ante los consejos de ministros de la UE.
Reforma constitucional del Senado para convertirlo en una auténtica cámara de representación de las comunidades autónomas.
Elección directa de alcaldes en votación diferente pero simultánea a la de los concejales. Elaboración de un Libro Blanco para la reforma del régimen local y de su financiación.
Reconocimiento y recepción de la Constitución Europea en la Constitución Española.
Reforma constitucional para que haya igualdad entre hombre y mujer en el acceso a la jefatura del Estado.
LAS PROMESAS DE IU
Culminación del proceso de transferencia de competencias a las comunidades. Se establecerá una organización territorial que garantice las cotas más elevadas de autogobierno y participación democrática.
Apuesta por un Estado federal, plurinacional y solidario.
Impulso y acuerdo para la reforma de los estatutos en las comunidades que lo soliciten.
Reforma del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial.
Se potenciará la presencia y participación de la comunidades en órganos e instituciones del Estado. Reforma de la financiación autonómica.
Profundización y desarrollo de la autonomía local.
Participación de las comunidades en la formación de la voluntad del Estado ante la UE.
LAS PROMESAS DEL PARTIDO POPULAR
Utilización de los instrumentos legales procedentes para evitar cualquier reforma de los estatutos de autonomía que atente contra el orden constitucional. Cooperación con otros partidos en el debate de aquellas reformas concretas que se consideren necesarias y obtengan el más amplio consenso.
Desarrollo del modelo autonómico derivado de la Constitución, de los estatutos de autonomía y de los pactos autonómicos de 1992 y 1996. Completar los traspasos que quedan pendientes a las comunidades e impulso del modelo de financiación autonómica.
Se potenciará el papel del Senado para que ejerza su vocación constitucional de cámara de representación territorial y se convierta en el principal escenario de la cooperación autonómica.
Elección directa de alcaldes con atribución automática de este cargo al cabeza de la lista más votada. Culminación de la descentralización a favor de las administraciones locales.
Consulta, a través del Senado, a las comunidades autónomas sobre las iniciativas legislativas de la Comisión Europea.
Se aprobará por consenso el Reglamento de las Cortes Generales.
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