PA y PP creen inviable el rescate de concesiones municipales de Sevilla

El gobierno municipal de Sevilla está decidido a gestionar directamente algunos de los servicios que hasta ahora explotaban empresas privadas mediante concesiones administrativas. El rescate de la limpieza de los centros cívicos y la grúa ha enfrentado ya al gobierno con los trabajadores de las antiguas concesionarias y la oposición, para quien la medida es "insostenible" para las arcas municipales.

El pacto de izquierdas suscrito por PSOE e IU el pasado mes de junio para gobernar en el Ayuntamiento de Sevilla incluía, como una de sus prioridades, gestionar "desde la defensa de lo públi...

El gobierno municipal de Sevilla está decidido a gestionar directamente algunos de los servicios que hasta ahora explotaban empresas privadas mediante concesiones administrativas. El rescate de la limpieza de los centros cívicos y la grúa ha enfrentado ya al gobierno con los trabajadores de las antiguas concesionarias y la oposición, para quien la medida es "insostenible" para las arcas municipales.

El pacto de izquierdas suscrito por PSOE e IU el pasado mes de junio para gobernar en el Ayuntamiento de Sevilla incluía, como una de sus prioridades, gestionar "desde la defensa de lo público", una de las viejas reivindicaciones de IU.

Por el momento, la medida se ha aplicado ya al servicio de limpieza de los centros cívicos, para los que se han convocado 29 plazas de peón de limpieza que se asignarán por oposición. Las 32 (35 según las oposición) trabajadoras de la antigua concesionaria se concentran cada mañana ante las puertas del Ayuntamiento para pedir su recolocación.

Parecida es la situación de los 38 trabajadores de la empresa Setex Aparki, que hasta la semana pasada explotaba el servicio de la grúa. El pleno municipal acordó entregarle la concesión a la sociedad Aussa, cuyo máximo accionista es la empresa municipal de transportes, Tussam. El Ayuntamiento ha ofrecido a los trabajadores incorporarse a Aussa y a su convenio colectivo con un contrato indefinido, pero se resiste a subrogarle el contrato tal y como piden los empleados.

La portavoz de IU y segunda teniente de alcalde, Paula Garvín, defiende el rescate de las concesiones. "Es una forma de aumentar la eficacia de los servicios públicos y la calidad del empleo, conseguir buenos salarios, contratos fijos y con Seguridad Social", asegura Garvín, quien insiste en que cuando el gobierno subcontrata con una empresa "se le advierte claramente que no hay relación laboral con el Ayuntamiento".

"La limpieza es un servicio diario y no tiene sentido contratarlo fuera", sostiene la portavoz de IU, que asegura que se reunió el pasado verano con las limpiadoras para explicarle que no podían contratarlas a dedo pero sí tener en cuenta su antigüedad si se presentaban a las oposiciones. "Y me dijeron que no iban a presentarse", afirmó Garvín.

Desde la oposición, sin embargo, se acusa al gobierno de "destruir empleo". "Se presentaron a la campaña con el eslogan de que iban a crear empleo público, pero se han dado cuenta de que no hay presupuesto y lo que hacen es cebarse con los más débiles, como las limpiadoras o los trabajadores de la grúa", arguye Paola Vivancos, portavoz del PA. "Pero, mientras tanto, siguen renovando otras concesiones más caras, se contradicen ellos mismos", apunta Vivancos. El orden del día del consejo de gobierno de hoy incluye la concesión para la explotación del restaurante de un polideportivo municipal y la del servicio de limpieza de las instalaciones adscritas al Instituto Municipal de Deportes.

Los andalucistas han hecho cálculos y advierten de que la medida es también inviable desde el punto de vista presupuestario. Sólo para gestionar directamente las cinco piscinas municipales que ahora se están construyendo harían falta, según el PA, 10 millones de euros, la mitad del presupuesto total del IMD. La portavoz de IU rebate estos cálculos: "Si las empresas ganan dinero, ¿cómo le va a resultar deficitario al Ayuntamiento? No tiene lógica, dice".

El portavoz del PP, Jaime Raynaud, también augura "efectos muy negativos" para las arcas municipales en los casos del servicio de limpieza y del IDM. Respecto a la grúa, Raynaud defiende a los trabajadores, que se niegan a aceptar la oferta municipal porque para igualar el salario que ahora cobraban hasta ahora tenían que llegar a unos plus de productividad "que no depende de ellos sino de las multas previas que ponga la Policía Local".