El Gobierno responsabiliza a Macias y Homs de las anomalías en Ferrocarrils
Los responsables políticos de las irregularidades advertidas por la intervención general en los contratos de Ferrocarrils de la Generalitat no son los empleados, ni siquiera el anterior presidente, Antonio Herce, sino los entonces consejeros de Política Territorial, Pere Macias, y Economía, Francesc Homs. El primero firmó un contrato que incluía una cláusula de indemnización prohibida expresamente por el propio gobierno del que formaba parte; el segundo, ignoró un informe del interventor y lo guardó en un cajón sin hacer nada durante 10 meses. Así lo sostuvo ayer el titular de Política Territo...
Los responsables políticos de las irregularidades advertidas por la intervención general en los contratos de Ferrocarrils de la Generalitat no son los empleados, ni siquiera el anterior presidente, Antonio Herce, sino los entonces consejeros de Política Territorial, Pere Macias, y Economía, Francesc Homs. El primero firmó un contrato que incluía una cláusula de indemnización prohibida expresamente por el propio gobierno del que formaba parte; el segundo, ignoró un informe del interventor y lo guardó en un cajón sin hacer nada durante 10 meses. Así lo sostuvo ayer el titular de Política Territorial, Joaquim Nadal.
El consejero tenía ayer, entre otras, dos preocupaciones. Plantear las hipotéticas responsabilidades en términos políticos y dejar claro que el barullo en la dirección de la empresa no afecta ni ha afectado al servicio que ésta ofrece a los usuarios. "La investigación no afecta al buen funcionamiento de la compañía", señaló el consejero para resaltar que la actitud de sus trabajadores es de "excelencia y eficiencia".
Pero una cosa no quita la otra y la incógnita sobre las irregularidades no está despejada. Lo estará, dijo, en 10 o 12 días: "El consejero de Economía [Antoni Castells] y yo mismo daremos cuenta pública del resultado de la investigación". En aquel momento se podrá determinar si ha habido irregularidades en el pago de planes de pensiones, su posterior cancelación y el reparto del dinero (2,5 millones de euros) entre 12 directivos actuales y anteriores de la empresa.
Lo que sí dejó ayer claro Nadal es que el Consejo de Administración de Ferrocarrils, contrariamente a lo dicho anteayer por los dirigentes de CiU, nunca aprobó estos planes de pensiones ni siquiera tuvo conocimiento de ellos. CiU pretendía, dijo Nadal, con esta afirmación disipar sus responsabilidades. En cambio, Nadal no desmintió que el Consejo de Administración, donde hay representación de los sindicatos UGT y CC OO, conociera y aprobara el contrato blindado de Herce.
CiU respondió ayer mismo a Nadal que no es cierto que el documento de la intervención que denuncia las irregularidades fuera guardado en un cajón. Se pidió, afirmó un portavoz de la federación, un informe jurídico que señalaba que no había nada anómalo. Este informe, según CiU, está en el Departamento de Política Territorial y en la Sindicatura de Cuentas.
Nadal anunció también que Herce había manifestado su voluntad de renunciar a la indemnización prevista en su contrato, aunque ayer no había formalizado la renuncia por escrito. En estos momentos, la investigación intenta averiguar quién dio la orden de contratar planes de pensiones en una empresa con déficit que cubría el erario público y luego la orden de liquidarlos y repartirlos entre los directivos.