El Ayuntamiento de Cercedilla se opone a la apertura de un reformatorio

Cercedilla no quiere un reformatorio. El pleno municipal de esta localidad rechazó el miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos, la propuesta del Gobierno regional de abrir un centro de 15 plazas para menores autores de delitos en la urbanización El Carrascal. El millar de vecinos que abarrotaban el Ayuntamiento, gobernado por PSOE-IU, respiró aliviado al conocer la postura de sus ediles.

El Gobierno regional ha visto así cómo, por segunda vez en menos de un año, un pueblo de la sierra se opone a albergar un centro de este tipo. Collado Mediano tumbó el pasado verano una p...

Cercedilla no quiere un reformatorio. El pleno municipal de esta localidad rechazó el miércoles, por unanimidad de todos los grupos políticos, la propuesta del Gobierno regional de abrir un centro de 15 plazas para menores autores de delitos en la urbanización El Carrascal. El millar de vecinos que abarrotaban el Ayuntamiento, gobernado por PSOE-IU, respiró aliviado al conocer la postura de sus ediles.

El Gobierno regional ha visto así cómo, por segunda vez en menos de un año, un pueblo de la sierra se opone a albergar un centro de este tipo. Collado Mediano tumbó el pasado verano una propuesta similar de la Comunidad, en medio de protestas vecinales.

El alcalde de la localidad, el socialista Eugenio Romero, que gobierna Cercedilla en coalición con IU, explica: "No podemos hacer oídos sordos al clamor popular. Se ha producido una alarma general entre los vecinos. Ni yo como alcalde ni los demás miembros de la corporación podíamos pasar por alto este hecho". El portavoz del grupo popular, Julio Sánchez, considera que sería más adecuado instalar estos centros en lugares más poblados que Cercedilla, que tiene poco más de 6.000 habitantes. "Pasarían más desapercibidos; además, una actuación semejante va en contra de los intereses turísticos del municipio".

El alcalde de Cercedilla recibió el pasado 19 de enero la propuesta del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) de la Comunidad de abrir un reformatorio en su localidad. Portavoces de la Consejería de Servicios Sociales, de quien depende el IMMF, dicen que, en un principio, el primer edil estuvo de acuerdo. "Pero al empezar la oposición vecinal todo se complicó".

Esas mismas fuentes puntualizan que existe un desconocimiento social sobre los reformatorios porque no se ha explicado bien su funcionamiento. "Se confunden los regímenes semiabierto y cerrado, cuando en este último los internos no pueden salir y, por lo tanto, no andan por el pueblo", explican.

El alcalde replica: "Yo pedí tiempo al IMMF porque suponía que la implantación de este centro iba a generar alarma social, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en otros lugares". Y acertó. En cuanto la noticia saltó a la calle, los vecinos se movilizaron. Incluso aparecieron panfletos anónimos en contra del centro, que, según el regidor, contribuyeron a la desinformación.

"El ambiente en el pueblo es horroroso", cuenta Marta, de 25 años, que reside cerca del lugar elegido para el reformatorio. "Esos chicos tienen derecho a estar en algún sitio, pero también pienso que Cercedilla no es el lugar más adecuado para ello", opina. "Éste es un pueblo pequeño y tranquilo y creo que un lugar donde se encierra a los jóvenes nos traerá más inseguridad y delincuencia", afirma otra vecina.

El alcalde asegura que abrió su despacho a todos los sectores del pueblo. "He hablado en los últimos días con más de 300 personas, y el rechazo ha sido casi unánime. La gente piensa que estas instalaciones generan inseguridad allí donde se implantan. Y hay que tener en cuenta que las cosas no se rechazan porque sí", mantiene Romero.

El edil de IU, Jesús Ventas, se opone al centro porque el gerente del IMMF no aclaró por qué se había elegido Cercedilla. "Le pregunté si existía algún criterio socioeconómico o poblacional. Pero no. Lo único que tienen es una verdadera urgencia. Pero lo que no pueden hacer es trasladar el problema a los municipios por su falta de previsión", dice.

Servicios Sociales se encuentra ahora con un nuevo escollo que salvar para aplicar la Ley del Menor, que, tras su entrada en vigor en enero de 2001, elevó de los 16 a los 18 años la edad mínima de ingreso en prisión. Los chicos de esas edades que antes eran encarcelados deben ser internados ahora en reformatorios.

En la región existen en la actualidad 10 reformatorios (cinco públicos y el resto concertados con empresas privadas), con un total de 196 plazas. De los nuevos centros previstos por el Ejecutivo autonómico, por ahora sólo tienen vía libre dos: uno de 60 plazas de "alta seguridad" que empezará a funcionar dentro de un año junto a la cárcel de Valdemoro y otro de 35 que abrirá este mes fuera de la región, dadas las dificultades de hallar una ubicación en la Comunidad.