El fiscal exculpa en el juicio a uno de los celadores acusados de no ayudar a un moribundo
El ministerio público retiró ayer la acusación a José Luis Escalona Vázquez, uno de los dos celadores juzgados por denegar auxilio a un hombre que agonizaba a 25 metros del Hospital General de Alicante, en abril de 2000. El fiscal, por contra, mantuvo su petición inicial de condena a Luis A. Espino Arce, por un delito de omisión del deber del socorro, y le imputó además una falta de imprudencia con resultado de muerte. Por estos hechos, pide una indemnización de 150.253 euros y una multa de 1.116 euros.
La acusación pública entiende que la responsabilidad de José Luis Escalona, el prime...
El ministerio público retiró ayer la acusación a José Luis Escalona Vázquez, uno de los dos celadores juzgados por denegar auxilio a un hombre que agonizaba a 25 metros del Hospital General de Alicante, en abril de 2000. El fiscal, por contra, mantuvo su petición inicial de condena a Luis A. Espino Arce, por un delito de omisión del deber del socorro, y le imputó además una falta de imprudencia con resultado de muerte. Por estos hechos, pide una indemnización de 150.253 euros y una multa de 1.116 euros.
La acusación pública entiende que la responsabilidad de José Luis Escalona, el primero de los celadores a quien se dirigió la mujer en primera instancia, no está absolutamente acreditada. "En ese momento, este trabajador no entendió bien lo que demandaba la señora", dijo. Escalona, tras escuchar a la mujer, abandonó su puesto para atender un servicio de traumatología.
Sin embargo, el fiscal aprecia indicios delictivos en el comportamiento de Luis A. Espino Arce, quien acompañó a la mujer, según testimonios de compañeros, hasta mitad de la cuesta de urgencias. El imputado regresó, según su declaración ante el tribunal, después de "no ver a nadie" para llamar a una ambulancia. Para el fiscal, "su no actuación constituyó no sólo un delito del deber del socorro sino una imprudencia que fue la causante de la muerte". El ministerio público consideró "intrascendente" la orden que prohíbe la salida del personal, dado que "tanto delito comete quien no auxilia como el que, sin poder hacerlo, tiene posibilidad de solicitar ayuda".