El Gobierno andaluz aprueba un decreto para combatir el maltrato familiar a los mayores

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que regula la protección jurídica de los mayores de 65 años, mediante el que la Administración autonómica tendrá que garantizar sus derechos en casos de maltrato, falta de asistencia o expoliación patrimonial. Casi 300 ancianos han presentado denuncias por sufrir malos tratos a través del teléfono habilitado por la Consejería de Asuntos Sociales hace dos años, aunque el consejero Isaías Pérez Saldaña explicó que la cifra no refleja una realidad oculta entre "cuatro paredes. Con el decreto en vigor, ningún anciano podrá ser internado en una residenc...

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que regula la protección jurídica de los mayores de 65 años, mediante el que la Administración autonómica tendrá que garantizar sus derechos en casos de maltrato, falta de asistencia o expoliación patrimonial. Casi 300 ancianos han presentado denuncias por sufrir malos tratos a través del teléfono habilitado por la Consejería de Asuntos Sociales hace dos años, aunque el consejero Isaías Pérez Saldaña explicó que la cifra no refleja una realidad oculta entre "cuatro paredes. Con el decreto en vigor, ningún anciano podrá ser internado en una residencia contra su voluntad. En Andalucía viven unas 200.000 personas con más de 80 años.

La iniciativa del Gobierno andaluz pretende evitar el desamparo de los mayores, que no podrán ser ingresados en una residencia contra su voluntad, y su expoliciación patrimonial, aunque la falta de competencias limita el ámbito de sus actuaciones. Para combatir que los ancianos puedan quedarse sin bienes contra su propia voluntad, el decreto pretende implicar a los notarios andaluces para que les asesoren debidamente cuando hagan testamento, además de habilitar una red de asistencia jurídica gratuita en los centros de día.

En casos de maltrato, las delegaciones provinciales de Asuntos Sociales estarán obligadas a investigar las circunstancias de abandono y a poner en marcha recursos de atención idóneos para la persona afectada en un plazo máximo de 10 días. Cuando no sea posible la permanencia en el hogar se propondrá el ingreso en una residencia. Desde que Asuntos Sociales puso en marcha el teléfono de denuncia del maltrato de los mayores (900 85 83 81) hace dos años, se han registrado 1.640 llamadas, aunque sólo han derivado en denuncias formales 284. "No es un número muy significativo", admitió Pérez Saldaña, antes de explicar que las agresiones y la desprotección se produce en el ámbito familiar "constreñido a cuatro paredes".

La Junta no dispone de cifras sobre casos de expoliación patrimonial, pero el consejero aseguró que algunos mayores "llegan a la puerta de las residencias sólo con la pensión y porque no se la han podido quitar". Pérez Saldaña indicó que muchos mayores podrían pagar servicios geriátricos con su patrimonio.

Los mayores de 65 años (1.050.000) representan en la actualidad el 13% de la población andaluza, que empieza a mostrar signos de un envejecimiento incipiente, aunque lejos del que muestran otras comunidades autónomas. Las personas que superan lo 80 años son más de 200.000 en Andalucía. Todas ellas tendrán a partir de este mes acceso a la teleasistencia gratuita en el caso de que vivan solas. En total hay 38.000 mayores con el servicio de teleasistencia en su casa, bien prestado por la Junta de Andalucía (21.000), bien por los ayuntamientos (17.000). En toda la comunidad hay 898 centros geriátricos, de ellos el 44% son públicos o están concertados.

Por otra parte, Isaías Pérez Saldaña criticó la negativa del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, a facilitarle la lista de las personas que perciben las pensiones más bajas para doblar la subida del IPC que le otorga la Administración estatal. En una carta, el ministerio esgrime que se trata de datos "de carácter personal" y que no encaja en ninguna de las excepciones previstas en la legislación para justificar la cesión de datos. El consejero acusó al ministro de intentar "impedir" que la Junta aplique ese incremento.

- Recurso contra la Ley de Montes. El Consejo de Gobierno también aprobó ayer promover un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos de la Ley de Montes, aprobada por el Gobierno en noviembre, al considerar que invaden competencias medioambientales exclusivas de Andalucía, como actuaciones de restauración hidrológico-forestal o la formación del personal contraincendios.

- Oferta de empleo público. El Gobierno aprobó la convocatoria de 2004 para 4.052 plazas de profesores de enseñanza secundaria, formación profesional, música, artes escénicas y escuelas de idiomas.