Garzón investiga en México si ETA compró en ese país temporizadores usados en atentados
El juez coteja aparatos incautados a la banda con otros vendidos por ciudadanos mexicanos
El juez Baltasar Garzón, el fiscal Enrique Molina y funcionarios de la policía española expertos en explosivos investigan en México a ciudadanos de este país que supuestamente vendieron temporizadores utilizados por ETA en sus últimos atentados. El magistrado de la Audiencia Nacional viajó el lunes pasado a la capital federal, en comisión rogatoria, con alguno de los aparatos incautados durante la desarticulación de comandos del grupo terrorista en España para cotejarlos con los fabricados en México. Todo indica, según fuentes cercanas a la investigación, que son los mismos.
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El juez Baltasar Garzón, el fiscal Enrique Molina y funcionarios de la policía española expertos en explosivos investigan en México a ciudadanos de este país que supuestamente vendieron temporizadores utilizados por ETA en sus últimos atentados. El magistrado de la Audiencia Nacional viajó el lunes pasado a la capital federal, en comisión rogatoria, con alguno de los aparatos incautados durante la desarticulación de comandos del grupo terrorista en España para cotejarlos con los fabricados en México. Todo indica, según fuentes cercanas a la investigación, que son los mismos.
Cuatro mexicanos, supuestamente implicados en la operación de compra de los temporizadores, han sido interrogados en dependencias judiciales en calidad de imputados. Aseguran que desconocen cuál fue el destino de la mercancía. Pero las fuentes consultadas subrayan que la investigación puede ayudar a demostrar cómo ETA, a través de Angel Otxantesana, que residió en México y después huyó a Francia, dio cobertura a refugiados de la organización en México. Otxantesana habría participado en la compra de temporizadores y en su entrega a la banda.
La misión de Garzón, que practica diligencias con la colaboración de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía General), sigue a la operación del 12 de junio de 2003 en México, que llevó a la detención de cinco etarras, que actualmente están sujetos a un proceso de extradición.
Sus abogados recurrieron en amparo argumentado que se les implicaba en delitos políticos porque en España se les reprime por sus ideas. Pero el magistrado mexicano dictaminó que la reclamación por delitos de terrorismo e integración en organización terrorista no tiene nada que vez con el delito político. "Que lo diga México es importantísimo", dijeron fuentes españolas de la lucha antiterrorista. "Es muy importante que nos reconozcan que el terrorismo no es un delito político".
La colaboración antiterrorista de México con España comenzó abiertamente durante el segundo tramo del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), último presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y continúa con la Administración del presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN). Durante las dos Administraciones 26 etarras reclamados por Madrid fueron expulsados de México y entregados directamente a la policía española, en aplicación de la Ley de Población.
Los cuatro mexicanos sujetos a la investigación de Garzón responden a la autoridad judicial en calidad de imputados, porque parece probado que quien compró los temporizadores y supuestamente los entregó a ETA fue Otxantesana. El mexicano que directamente se los vendió alega que el comprador le dijo que los iba a utilizar en sistemas de aire acondicionado.
Las pesquisas de Garzón arrancan con el seguimiento de Otxantesana y la intervención de documentación en Francia que condujeron a la trama mexicana. "Los análisis que se están haciendo", precisaron las fuentes consultadas, "son para comprobar si los temporizadores que aquí se intervinieron son del mismo tipo y origen que los que ETA ha utilizado en los últimos atentados, en Navarra, en Barcelona y otros lugares", dijeron las fuentes. "Y parece que así es".